La Corte penquista acogió a trámite un recurso de protección de vecinos de San Pedro de la Paz que denunciaron eventuales delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y estafa en las ampliaciones de sus viviendas, vía subsidios otorgados por Serviu.
A esto se suma una orden de no innovar que suspendió los pagos a la constructora Lamas, que ejecuta las obras y a la Egis Procas, empresa que gestionó el subsidio. Al mismo tiempo, el municipio de San Pedro deberá suspender toda tramitación de recepciones de obras.
Se trata de 23 familias de la Villa Evangelista de Boca Sur, que tras obtener un subsidio de ampliación por 5 UF, reclamaron que las obras estuvieron 6 meses paralizadas, mal reparadas, y más aún para su recepción; las firmas de los vecinos fueron suplantadas.
Mauricio Swartz, abogado de las familias, valoró la determinación de la justicia.
Las familias fueron respaldadas por el equipo del senador Alejandro Navarro, cuyo jefe de gabinete, Patricio Sáez, expresó que todos los entes involucrados están colaborando en la resolución del conflicto.
La defensa de las familias prepara para esta semana la presentación de una querella contra quienes resulten responsables, y luego una demanda civil, con el propósito de reparar el daño provocado por lo que califican una estafa en la reparación de sus viviendas.
