El gobierno griego estudia este jueves su nuevo plan de austeridad para 2012-2015, reclamado por los acreedores del país para mantener su ayuda financiera, pero muy criticado incluso en las filas de la mayoría socialista.

El programa, endurecido por la presión de los acreedores, la zona euro y el Fondo Monetario Internacional, y que será revisado en detalle hasta la noche en un intento por limar diferencias, debe ser avalado por el consejo de ministros y luego presentado al Parlamento, indicó una fuente del ministerio de Finanzas.

Las medidas fueron presentadas por el primer ministro griego, Yorgos Papandreou. El mandatario busca así reducir la inmensa deuda del país, de cerca de 350.000 millones de euros, y sobre todo demostrar que su país hace los deberes necesarios para obtener un nuevo plan de ayuda de la UE y el FMI de hasta 100.000 millones de euros, con el que evitar de nuevo una suspensión de pagos.

Para hacer pasar la nueva cura de austeridad entre los suyos, sólo un año después del primer plan de rigor presentado inicialmente como suficiente, Papandreou echó mano de la autocrítica y el dramatismo en tres reuniones sucesivas celebradas esta semana.

El portavoz del Gobierno, Yorgos Petalotis, dijo el miércoles que confía en que el plan sea aprobado, en torno al 28 de junio. El ejecutivo de Papandreou dispone en el Parlamento unicameral de una mayoría de 156 escaños de 300.

De ahí a mitad de julio deben votarse leyes de aplicación, para recibir el quinto tramo del préstamo de 110.000 millones de euros acordado el año pasado por Grecia con la Eurozona y el FMI.

La nueva cura de austeridad, debatida desde mitad de abril, incluye privatizaciones y una vuelta de tuerca a las medidas de rigor, con un ahorro de 28.400 millones de euros previsto, de los cuales 6.400 millones suplementarios este año.

El punto más espinoso son las privatizaciones, que afectan a numerosos sectores, de los transportes a la energía pasando por la banca, y que aportarían 50.000 millones de ingresos de aquí a 2015.

Los sindicatos han convocado una huelga general el 15 de junio contra la “liquidación” del país, y desde finales de mayo una movilización popular sin precedentes protesta en la principal plaza de Atenas contra las medidas del Gobierno.

Los sindicatos, temerosos de perder terreno, organizan también este jueves una huelga de 24 en las empresas que el Gobierno quiere privatizar, y convocaron una marcha por la tarde en las grandes ciudades.

Pero con un desempleo que se disparó a 16,2% en marzo, la tensión social y política podría seguir aumentando con la aplicación de las medidas de austeridad, que se traducirán en una mayor presión fiscal, menores salarios para los funcionarios y recortes de las prestaciones sociales.

Según la prensa griega de este jueves, el gobierno habría arbitrado entre los detractores acentuando la presión fiscal sobre las clases medias, para no castigar demasiado los ingresos más bajos, y moderando la carga impositiva sobre los bienes inmobiliarios.

El líder de la oposición de derecha, Antonis Samaras, sigue negándose a apoyar las medidas del Gobierno, pese a las fuertes presiones de su familia política europea y de los dirigentes de la zona euro, que piden que se comprometa a seguir la senda de la austeridad si eventualmente sucede en el poder a Papandreou, cuyo mandato termina en 2013.