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Compromiso que obliga a dueños de edificios colapsados a NO demandar al Estado entrampa demoliciones

Torre O’Higgins | Gerson Guzmán
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Siguen entrampadas las demoliciones de los edificios colapsados de Concepción. 4 de ellos tienen prioridad, sin embargo, el proceso permanece a la espera de que los propietarios firmen el llamado “desistimiento”. Esto último es un compromiso en que desisten de demandar al Estado posterior a las demoliciones.

Si bien el colapso de los edificios post terremoto tiene variadas implicancias, una es la necesidad de demoler las estructuras siniestradas. A 15 meses de la catástrofe el Gobierno aún no encuentra una salida legal eficiente para proceder a éstas.

Desde marzo a la fecha luego de gestiones en el Ministerio del Interior, sesiona una comisión que acoge a los propietarios y busca salida para sus diferentes problemas.

Una de las aristas son las demoliciones que deben ejecutarse después de que todos los propietarios entregan al Estado su departamento y finalmente el edificio completo para proceder a deconstruirlo. Esto se hace vía el desistimiento que actualmente lo conduce la Intendencia del Bío-Bío, sin embargo, un número ínfimo de vecinos ha comprometido.

Y es que firmando y entregando el departamento al Estado, desisten además, de demandar posteriormente a éste.

Alejandro Reyes, Gobernador de Concepción, manifestó que por el retraso de éstas firmas se buscan salidas alternativas.

Estas podrían ser asambleas de cada comunidad donde por mayorías se pudiera definir el futuro de cada edificio. Pero Daniel Durán vocero de Plaza del Río explica porqué la fórmula ha fracasado. Simplemente los vecinos desean tener claridad de porqué cayó el edificio, responsabilizar vía judicial de ser necesario a los culpables y para eso necesitan los peritajes que hizo el MOP en cada estructura, y que les sean traspasados.

El emblemático Alto Río, Alto Arauco II, Torre Libertad y O’Higgins, son los primeros edificios calendarizados para demoler; en duda se encuentra Centro Mayor y Plaza del Río. Aún sin fechas ni seguridad de quien pagará demoliciones y en definitiva, a la espera de los avances de la comisión que encabeza el Ministerio del Interior.

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