Entidades no gubernamentales acusaron este martes al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, de intentar “debilitar” a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que amenaza con abrir la puerta “a la impunidad”.
Las críticas a Insulza arreciaron en el marco de la Asamblea General de la OEA en San Salvador, luego que éste afirmara que unas medidas cautelares ordenadas por la CIDH a Brasil son “recomendaciones” no vinculantes para los gobiernos.
“El secretario general está debilitando la actuación de estos órganos, que son órganos de garantía y protección de todos los habitantes de las Américas”, dijo la subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la uruguaya Ariela Peralta.
Insulza “pone en tela de juicio la independencia de estos órganos jurisdiccionales”, agregó la subdirectora de CEJIL, una ONG con sede central en Washington que asesora a víctimas de violaciones a los derechos humanos en sus reclamos ante la CIDH.
“Si un país ve recomendaciones que no son obligatorias, pues entonces le estás dando carta blanca a los Estados para que generen condiciones de impunidad”, dijo a su vez Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Calleja destacó que muchas veces medidas cautelares ordenadas por la CIDH “han sido primordiales para salvar vidas”.
El secretario general de la OEA ganó este martes un aliado cuando el canciller de Costa Rica, René Castro, propuso reformar la CIDH, afirmando que ésta se “ha ido convirtiendo en una fiscalía y ha perdido gran parte del rol que tuvo en sus inicios”.
Pero Estados Unidos defendió su labor. La CIDH “es un órgano respetado mundialmente (…) porque ha estado a la vanguardia en la protección de los derechos humanos en la región”, señaló la embajadora ante la OEA, Carmen Lomellin, en rueda de prensa.
No obstante, Lomellin saludó que se haya abierto un diálogo sobre la CIDH, que debería seguir manteniendo su autonomía, dijo.
Insulza reafirmó el lunes en San Salvador lo que había dicho en Brasil, en el sentido de que las decisiones de la CIDH no son vinculantes, a diferencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
La facultad de ordenar medidas de cumplimiento obligatorio únicamente la “tiene la Corte, no la Comisión”, dijo Insulza.
“La forma en que se interpretan las normas del sistema interamericano son claras, la CIDH no emite sentencias, emite recomendaciones”, declaró Insulza.
La CIDH, con sede en Washington, pidió hace dos meses a Brasil suspender la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte y consultar con las comunidades indígenas afectadas. Sin embargo, Brasil ha seguido adelante con el proyecto.
Costa Rica, que corre el riesgo de ser llevada por la CIDH ante el banquillo de la Corte Interamericana por prohibir la fertilización in vitro desde el año 2000, abogó este martes por una reforma de la Comisión.
“El rol de la Comisión en la época de las dictaduras militares era un rol fundamental básico que los Estados habían abandonado, como era la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos”, dijo el canciller Castro en la OEA.
La CIDH es ahora una “instancia de alzada de los tribunales judiciales locales”, agregó.
La Comisión acaba de concederle un nuevo plazo a Costa Rica, que vence el 31 de julio, para que legalice la fecundación in vitro, tras acoger reclamos de parejas que no pueden tener hijos, en el único país americano que prohíbe esta técnica médica por presiones de la Iglesia Católica.
