La Fiscalía Federal del estado brasileño de Pará inició una acción judicial para pedir que se suspenda la autorización para construir la gigante hidroeléctrica Belo Monte, en la Amazonia, al estimar que la región no está lista para su impacto y que hay “riesgo de caos social”.
El proceso abierto por la fiscalía pide a la justicia “la suspensión de la licencia de instalación concedida para el inicio de las obras y apunta que fueron incumplidas las condiciones previas exigidas para preparar la región para los impactos”, informó la fiscalía local en un comunicado divulgado la noche del lunes.
Los fiscales de Pará ya intentaron en diez ocasiones anteriores paralizar la obra. Hace más de un año intentaron que la licitación no se produjera.
Los fiscales basan su pedido en un informe del gubernamental Instituto de Medio Ambiente (Ibama) que indica que 40% de las acciones exigidas para el inicio de la obra no fueron cumplidas y denuncian que “hay riesgo de caos social” en la zona.
El Ibama concedió la semana pasada la licencia ambiental al proyecto, dando luz verde al incio de las obras, y aseguró que los impactos están siendo previstos.
Se calcula que cerca de 100.000 personas, entre trabajadores y familias, se desplazarán a esa área para la faraónica construcción.
Ambientalistas, pobladores locales y comunidades indígenas se oponen al proyecto. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, pidió a Brasil que suspenda la construcción y consulte a los pueblos indígenas afectados por las obras.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa está destinada a ser la tercera mayor del mundo.
