Ad portas del Congreso de Municipios, el documento señala que las 3C, por sus impactos y daños colaterales, pueden ser enfrentados transversalmente por todos los sectores políticos.

Problemáticas que generan fuerte malestar y molestia de contribuyentes, lo que repercute negativamente en la percepción sobre las autoridades y gestión pública.

El texto señala que: “en nuestra ciudad, somos cerca de seis millones de ciudadanos que tenemos que comprometernos con la mantención de un medio ambiente libre de contaminación y un estándar de calidad de vida, sin embargo, las autoridades aparecen ante la opinión pública como contradictorias y zigzagueante”.

Agrega que: “Estamos alarmados porque existen graves niveles de contaminación del aire y sus habitantes respiramos día a día, importantes cantidades de sustancias peligrosamente dañinas para la salud: en especifico: material particulado respirable (PM10), monóxido de carbono, ozono (O3) y partículas totales en suspensión (PTS); una congestión vehicular infernal y fuertemente estresante; y una polémica Ley de Antenas Celulares”.

“Lo anterior, cruzado por la indiferencia legislativa y medidas ambivalentes y tardías posteriores a los reclamos y protestas vecinales. A esto se les llama las 3C de los conflictos urbanos”, sentencia.

Calderón y Olea postulan medidas urgentes, y recuerdan que: “el uso de la leña para calefacción residencial no es sustentable, como han señalado auditorias e informes internacionales por lo que se recomienda prohibir su uso. Lo anterior, por el impacto en emisiones de MP10 (25%) y MP2.5 (30%) en particular en los meses de invierno”.

Explicaron que la quema de leña aporta algo así como un 25% de MP10 y los camiones cerca de una 23%. El desafío que se avecina será mayor. El 2012 entra en vigencia la norma PM 2,5. La nueva norma diaria de PM 2,5 de 50 ug/m3 se superará con mayor frecuencia que la de PM 10, y como han señalado especialistas, probablemente serán más las alertas y las preemergencias decretadas. Panorama desolador, sino acordamos actuar con urgencia”.

Ambos concejales señalan en su documento, “promover políticas públicas en materia de descontaminación ambiental que desincentiven el uso del vehículo y una fuerte fiscalización de industrias altamente contaminantes es prioritario. Así mismo, renovar unos 5 mil vehículos de ferias libres que no cuentan con sello verde a través de un subsidio directo, que debe ser considerado una inversión pública y no un gasto para nuestra ciudad.”

Por otra parte, en el documento que será presentado en el Congreso de los Municipios de Chile se indica que: “con un crecimiento sistemático de la tasa de motorización, se harán más recurrentes episodios de congestión extrema, como el “megataco” de 11 km en Américo Vespucio de el mes de mayo y una saga de hechos similares en distintos puntos del Gran Santiago. El destino parece ser bastante abrumador.

Sumado a lo anterior, no sabemos cómo se comportara la población al enfrentar más tiempo en sus vehículos. Los tiempos de traslado serán más agobiantes y de alto estrés, ya que al mínimo obstáculo en las vías (malas señalización, semáforo desperfecto, accidentes, vehículos averiados, cruce de animales) creará una hiper-congestión y colapso.

Insisten en que se debe hacer un esfuerzo trasversal para apoyar estratégicamente la creación de una red de metro densa, al estilo de algunas ciudades europeas, que permita un traslado de calidad y estándar a distintos destinos, sin usar automóviles.

“Una propuesta más práctica es apoyar el formato de vías segregadas para buses. Al ser más eficientes y reducir la incertidumbre en el tiempo de viaje, el transporte público observará un mejor comportamiento financiero y sustentable. Tema clave para el Transantiago”.

El tema más acido y crítico, expresan Olea y Calderón: “es el atraso inexplicable para la ciudadanía del proyecto de Ley que regula la instalación de torres de antenas de celulares que lleva 4 en el Congreso. Sin embargo, alertan en el documento que, “en el sector de las telecomunicaciones miran con preocupación las indicaciones de la ciudadanía y despliegan un intenso lobby parlamentario para frenar su promulgación”.

Finalmente, en el texto dicen que “ha circulado una minuta entregada a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, de la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) -que agrupa a las compañías del sector Claro, Entel, Movistar, Nextel y VTR- señalando que esta Ley puede obstaculizar la instalación de torres y afectar las inversiones del sector que para este año superan los US$ 1.500 millones”.