Con el método del “cliente oculto” el Consejo para la Transparencia salió a la calle a evaluar el desempeño de las distintas reparticiones del Estado, en su rol de dar acceso a los ciudadanos para ejercer su derecho a la información pública.
Así el organismo elaboró 44 propuestas, 29 de las cuales por ley debía entregárseles la información al requiriente. Aquí se llevaron la primera sorpresa, pues cinco de esas peticiones no lograron ser ingresadas a la institución a evaluar.
De las restantes, sólo 16 obtuvieron una respuesta satisfactoria de parte de la institución, lo que habla de un porcentaje de fallo de un 45 por ciento.
Las distintas reparticiones públicas fueron divididas en tres áreas: económica, política y social, siendo esta última, como indica el presidente del Consejo para la Transparencia, Raúl Urrutia, la que genera mayor preocupación.
Otro de los aspectos que destaca el estudio es que aquellas personas que tienen algún grado de conocimiento sobre la ley de transparencia, son más proclives a obtener respuesta a su solicitud de información.
Asimismo, destacó que hay una falta de capacitación de parte de los funcionarios públicos, que no son capaces de orientar a las personas que recurren a solicitar información.
Por su parte, Raúl Ferrada, director del Consejo para la Transparencia, recordó que los ciudadanos tienen el derecho a saber y tener conocimiento de las distintas actuaciones del Estado.
El presidente del Consejo recordó que es vital llenar los formularios cuando se solicita información por la ley de transparencia, pues es la única forma de establecer sanciones a futuro en caso.
Castigos que en caso de los jefes de servicio pueden llegar incluso a la suspensión del cargo y la retención del 100 por ciento de sus remuneraciones.
