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F.J. Errázuriz desmiente acuerdo con Defensoría y confirma que no pagará sueldos a trabajadores

F.J. Errazuriz en Twitter
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El empresario Francisco Javier Errázuriz, investigado por el Ministerio Público por el delito de trata de personas, afirmó que no cancelará las remuneraciones de los trabajadores paraguayos que participaron en una supuesta capacitación.

En paralelo, la ministra del Trabajo aseveró que tras un comparendo el ex candidato presidencial se negó a pagar las cotizaciones y los pasajes aéreos de estos ex empleados.

El ex candidato presidencial desmintió lo publicado por diario El Mercurio, sobre el presunto acuerdo al que habrían llegado representantes del grupo Errázuriz, con la jefa de la Defensoría Laboral de Rancagua, Marcela Riquelme.

Por otro lado, anunció que no cancelará los sueldos a los trabajadores que no cumplieron con la capacitación, entre ellos los 56 ciudadanos paraguayos que han desatado la polémica.

El ex candidato empresarial informó sólo que pagará un bono de capacitación de 180 mil pesos.

Además, dijo que presentó un recurso de jactancia en contra del intendente de la Región de OHiggins, Patricio Rey Sommer, y el Subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, para que prueben sus acusaciones de trata de personas.

En paralelo, la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, aseveró que tras un comparendo que duró 12 horas, entre la Defesoría Laboral y los 56 trabajadores paraguayos, el empresario se negó a cancelar además las cotizaciones de sus empleados.

Mientras, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Arturo Martínez calificó como deplorable, irritante y abusiva la actitud del empresario, que sólo da cuenta de las falencias de la legislación laboral.

El lider sindical sostuvo que lo ocurrido no corresponde a un país miembro de la OCDE, y que quiere demostrar una democracia ejemplar.

Por otro lado, en una carta enviada a las autoridades de Gobierno, Errázuriz advirtió que de no serles devueltas sus pertenencias incautadas, no podrá pagar los sueldos “correspondientes a todo el personal de los predios, que supera alrededor de 1.000 chilenos y que se han encontrado laborando en distintas sociedades pertenecientes a mi grupo familiar”.

Esto en relación a los computadores y documentos incautados por el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra.

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