El ex presidente Manuel Zelaya regresará a Honduras este sábado luego de que el actual mandatario Porfirio Lobo le allanara el camino con una amnistía para delitos políticos y presionara tras bastidores para anular juicios por corrupción que le abrió la Fiscalía.
Un día antes de iniciar su gobierno de cuatro años el 27 de enero de 2010, Lobo logró que el Congreso aprobará una amnistía que favoreció tanto al ex presidente -acusado de 18 delitos por pretender reformar la Constitución-, como a los líderes del golpe de Estado que lo derrocó, el 28 de junio de 2009.
Esta amnistía cubrió los delitos de “traición a la patria, delitos contra la forma de gobierno, contra la seguridad del Estado, sedición, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios”, atribuidos a Zelaya.
“La reconciliación pasa por la amnistía”, dijo Lobo en esa ocasión y a partir de allí se esmeró en que la justicia anulara también los procesos por delitos “comunes”, por supuesta corrupción, contra el depuesto presidente.
El 16 de diciembre de 2010, la Procuraduría General de la República, que depende del Ejecutivo, solicitó al juzgado de Tegucigalpa nombrar de oficio un defensor de Zelaya, quien estaba exiliado en República Dominicana.
El juzgado nombró dos defensores, que solicitaron la anulación de los juicios, argumentando que habían sido dictadas órdenes de captura contra Zelaya, sin haberle notificado los cargos ni permitido defenderse.
El juzgado se inhibió de continuar el proceso, aduciendo que Zelaya, diputado del Parlamento Centroamericano por derecho propio como ex presidente, tenía que ser juzgado por un fuero especial.
La Corte Suprema confirmó que éste era el procedimiento correcto y a comienzos de marzo transfirió el caso a un juez especial, que el 25 de marzo rechazó anular los juicios, aunque suspendió las órdenes de captura.
La defensa de Zelaya apeló el fallo y el 2 de mayo finalmente una corte superior anuló los procesos. Cuatro dias después la Fiscalía aceptó la sentencia y dejó el camino libre desde el punto de vista judicial, aunque la oficina del acusador dejó abierta la posibilidad de abrir más adelante otros procesos.
