Chile no es el único lugar donde sus organismos de emergencia son puestos en tela de juicio debido a su actuación tras una catástrofe. Consideremos el caso de la ciudad italiana de L’Aquila, donde la fiscalía sometió a proceso a 6 sismólogos y al Director de la Agencia de Protección Civil, bajo cargos de homicidio, debido a la muerte de 309 personas durante el terremoto que azotó la zona en 2009.

Desde luego nadie los acusa de no haber predicho el terremoto, sino de haber hecho declaraciones que bajaron la guardia de la población frente a la posibilidad de un gran movimiento telúrico, provocando que no tomaran precauciones que -tal vez- pudieron salvar sus vidas.

El caso se remonta a una conferencia de prensa ofrecida una semana antes del terremoto por Bernardo De Bernardinis, director de la Agencia de Protección Civil italiana, tras consultar a un panel de sismólogos respecto de si la seguidilla de temblores que habían sufrido hasta el momento representaba riesgos mayores, indicó la revista científica Discover.

Su fallo fue tajante: “La comunidad científica me ha dicho que no hay peligro, ya que (estos temblores) están descargando la energía. La situación se ve favorable”, indicó De Bernardinis, provocando que muchas personas permanecieran en sus hogares o desestimaran tomar otras precauciones.

Por su parte, los sismólogos consultados argumentan haber sido malinterpretados, ya que nunca dijeron que “no había peligro”, aunque sí afirmaron que un enjambre sísmico de pequeños temblores no es necesariamente un indicador de que pueda seguirle uno mayor.

“La idea de que varios sismos menores liberan energía y previenen una catástrofe es un error común”, dijo a Nature News la geofísica del USGS, Susan Hough. “Pero los sismólogos saben que eso es así. Dudo que algún científico haya podido decir eso”, indicó.

En tanto, cerca de 4.000 científicos han firmado una carta en apoyo a los 6 sismólogos procesados, afirmando que el gobierno italiano debería centrar sus esfuerzos en reforzar las normas de construcción en una zona altamente sísmica, en vez de enjuiciar a los investigadores.

“La única forma probada y efectiva de proteger a la población (ante un terremoto) es promulgando normas estrictas de construcción. A los científicos se les suele hacer la pregunta equivocada, que es ‘¿cuándo vendrá el próximo terremoto?’. La pregunta correcta es, ‘¿cómo nos aseguramos de que no muera tanta gente cuando suceda?’”, indicó uno de los signatarios de la carta, el profesor Barry Parsons, de la Universidad de Oxford.

Por su parte, el presidente de la asociación de víctimas del terremoto de L’Aquila, Vincenzo Vittorini, un físico que perdió a su esposa y su hija en la tragedia, señaló que espera que esta investigación revele las falencias previas al sismo, especialmente respecto de la información que las autoridades tenían sobre las construcciones con mayor riesgo de colapsar.

“Aquí nadie está poniendo a la ciencia en el banquillo de los acusados. Todos sabemos que los terremotos no pueden predecirse y que la evacuación no era una posibilidad. Lo que queremos es que en estos casos haya información fidedigna sobre los riesgos a fin de que cada persona analice sus opciones”, indicó.

El juicio comenzará el 20 de septiembre. De ser hallados culpables, los acusados arriesgan hasta 12 años de cárcel por homicidio.