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Multan a empresa de Francisco Javier Errázuriz y revelan nuevas irregularidades con trabajadores

Evelyn Matthei
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La Dirección del Trabajo multó en más de 14 millones de pesos a empresa de propiedad del ex candidato presidencial Francisco Javier Errázuriz, quien se vio involucrado en denuncias por trata de personas.

Lo anterior se dio a conocer luego de que el organismo dependiente del Ministerio del Trabajo entrevistara a 16 empleados de la empresa, particularmente de ciudadanos paraguayos.

La investigación reveló que los trabajadores no contaban con visa de trabajo, que la empresa no mantenía un libro de asistencia y que tampoco tenían contratos laborales que ligaran a las personas con la compañía.

Ante esto, la Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, señaló de manera enfática que lo realizado por el empresario “es un hecho totalmente condenable”.

Al respecto y por medio de una declaración pública Errázuriz negó los cargos, asegurando que la empresa que dirige no ha logrado contratar a las personas debido a la retención de las cédulas de identidad de sus trabajadores.

Asimismo denunció un escandaloso despliegue policial de la PDI con el fin de presionar a los ciudadanos paraguayos para que se acojan a una supuesta protección de testigos.

En paralelo, el fiscal regional jefe de la región de OHiggins, Luis Toledo, detalló que la investigación está en una fase de recabar mayores antecedentes con el objeto de acreditar o descartar la existencia del delito de trata de personas.

El persecutor sostuvo que hasta el momento no se ha tomado la declaración del empresario, lo que se llevará a cabo en los próximos días.

Respecto a las acusaciones hacia la PDI por parte de Francisco Javier Errázuriz, el Fiscal Toledo negó que hubiese presiones para obtener las declaraciones de los ciudadanos paraguayos.

A la fecha 57 de ellos recibieron protección y auxilio de la Fiscalía y por lo mismo fueron trasladados desde Pichilemu hasta unas cabañas ubicadas en Rancagua, donde deberán esperar para poder volver a su país.

El caso es clave para la Fiscalía, ya que con él debuta la Ley 20.503, que entró en vigencia 8 de abril de este año y que sanciona la trata de personas con fines de explotación laboral.

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