Con preocupación reaccionó el diputado de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Tucapel Jiménez (PPD), ante el estado de salud de los comuneros mapuche que se mantienen en huelga de hambre hace más de 70 días en una cárcel del sur del país.

El grupo fue condenado a penas de entre 20 y 25 años de presidio por el fallido atentado al fiscal Mario Elgueta en el sector de Puerto Choque de Tirúa, en octubre de 2008.

Es por esto que el parlamentario espera que se acoja la petición de nulidad que se hizo al llamado juicio de Cañete, que sentenció a los comuneros por Ley Antiterrorista.

“Hay una presentación por la nulidad de este juicio y yo espero que la Corte Suprema acoja esto (…) y que los comuneros enfrenten a la justicia como lo haría cualquier chileno”, dijo.

El legislador PPD dijo a Agencia UPI que lo que está sucediendo ahora con Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, recuerda la “insensibilidad e indiferencia del Gobierno” frente a la protesta de ayuno.

“Milton Juica, presidente de la Corte Suprema, cuestionó esta ley, o acá solamente el Gobierno y la Fiscalía siguen aplicando esta ley (…) todos hemos dicho que esto no da para más”, expresó.

Jiménez consideró como un “engaño” los acuerdos suscritos el año pasado a fin de poner fin a la anterior huelga de hambre realizada por los comuneros.

“Alguien acá está engañando, yo no sé si el Gobierno o la justicia, pero es muy fácil decir que no se va a aplicar la Ley Antiterrorista, pero en el juicio propiamente se usan las mismas herramientas”, concluyó.

Si bien expresó desconocimiento por el estado actual de los comuneros, el diputado miembro de la comisión de Derechos Humanos, Felipe Salaberry (UDI) manifestó a UPI que el ayuno de los mapuche corresponde a “cuestiones indebidas que ojalá terminen prontamente”.

“¿Todavía están en huelga? (…). Debieran no seguir en la huelga. Así que los llamamos a que no sigan”, sostuvo el prosecretario del gremialismo.

Consultado si cree que los huelguistas han tenido un juicio justo, Salaberry respondió que “los parlamentarios no podemos opinar sobre lo que resuelven los tribunales de justicia, a uno le puede gustar o no gustar, pero los tribunales han operado en esa línea de manera razonable”.

Asimismo, aseguró que el Gobierno “ha respondido a los requerimientos de la ciudadanía de la Novena Región para resolver el orden público afectado en la zona”.