La venta frustrada de respuestos de helicópteros a Venezuela, tras una operación anunciada este jueves por la policía, que impidió asimismo la venta de nueve helicópteros a Irán se suma a anteriores dificultades en los intercambios de armamento entre el país latinoamericano y empresas españolas.

La policía española anunció haber frustrado la venta de nueve helicópteros de combate de tipo Bell 212, adaptados para el transporte de soldados y “material de guerra”, así como recambios de este tipo de aeronaves a Venezuela, tras una operación en la que fueron detenidas ocho personas, cinco españoles y tres iraníes.

Además de frustrar la venta de las aeronaves a Irán porque violaban las normativas de sanciones de las Naciones Unidas, el operativo policial impidió la venta de respuestos a Venezuela por tratarse de “material de defensa que se regula por una normativa comunitaria y española, una exportación considerada ilegal por esas normativas”, precisó a AFP un portavoz policial.

Los aparatos fueron intervenidos, seis en un hangar en Sabadell, alrededores de Barcelona (noreste) y tres en otro situado en Navas del Rey, cerca de Madrid, según un comunicado de la policía.

La venta de estos helicópteros a Irán está prohibida, en virtud de normativas de sanciones de las Naciones Unidas (ONU) adoptadas el 9 de junio de 2010. Su exportación también debe ser conforme a las normas europeas, advirtió el comunicado policial.

El 28 de noviembre de 2005, los gobiernos de España y de Venezuela firmaron en Caracas un acuerdo para la compra por parte de ese país latinoamericano de ocho patrulleras: cuatro oceánicas y cuatro costeras y en mayo de 2006 el gobierno de Hugo Chávez firmó con los astilleros españoles Navantia el acta para dar inicio a su construcción.

El contrato para la construcción de las patrulleras se elevaba a 1.200 millones de euros.

Junto a las patrulleras el acuerdo hispano-venezolano preveía la compra de 12 aviones encargados al español CASA, filial del constructor europeo EADS, por un valor total de 1.700 millones de euros (patrulleras y aviones).

Pero en enero de 2006 el gobierno estadounidense negó a España la licencia necesaria para la venta a Venezuela de 12 aviones militares -10 de transporte C-295 y dos de vigilancia marítima CN-235- con componentes norteamericanos, argumentando que “el gobierno de Hugo Chávez, a pesar de haber sido elegido democráticamente, ha socavado las instituciones democráticas” y ha contribuido a la inestabilidad en su región, según informó El País que citó fuentes de la embajada norteamericana.

En mayo del 2006, en una entrevista al diario económico español La Gaceta, el comandante general de la Armada de Venezuela, Armando Laguna Laguna, afirmó que “estamos evaluando la compra de submarinos españoles” y se pronunció respecto a la decisión de Estados Unidos de prohibir la venta de aviones españoles con tecnología estadounidense a Venezuela.

Laguna explicó que de los 58 componentes de los aviones que fueron objetados por Estados Unidos, “ya se sustituyeron 57, y sólo resta uno, que es el cuadrante donde va la potencia del avión, componente que ya prácticamente tiene el diseño; lo que hace falta es que sea certificado”.

En enero de 2011, refiriéndose a una compra de armamento por parte de Venezuela a Rusia, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, aseguró que Venezuela “no es una amenaza” ahora mismo, pero recalcó que Washington está ciertamente pendiente de la adquisición de armas por parte de Caracas.