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¿Chile es un país en vías de desarrollo?

Raimundo Illanes en Flickr. (CC)
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Me resulta inevitable pensar en las protestas ciudadanas que tomaron lugar en Grecia hace poco más de un año. El contexto es otro por supuesto, sin embargo, se me viene a la mente el sinnúmero de veces que hemos escuchado la frase “Chile es un país en vías de desarrollo” de la boca de muchos (sino todos) los políticos del país.

Pensándolo maquiavélicamente y considerando la calidad que Grecia ostenta como país desarrollado, ¿no somos nosotros ya un país desarrollado por la fuerza represora a la cual nos vemos enfrentados al manifestarnos en contra de un proyecto como HidroAysén?

En Chile hace mucho (y me refiero a mucho antes del gobierno de Piñera y compañía) que nosotros como pueblo perdimos el derecho a ser partícipes de los temas que nos afectan, que no a opinar, porque que seamos reprimidos al hacerlo no significa que este derecho quede abolido, aunque pierde cualquier sentido hacerlo si no somos oídos por el mismísimo Gobierno electo por la mayoría.

Porque si los desencantados antes eran aquellos partidarios de la ahora fantasmal Concertación, ahora encuentro cada vez más partidarios de Piñera en tiempos de candidatura que han perdido todo respeto por la seguidilla de ataques medioambientales. No es mi intención justificar a nadie, mas dejar en claro que el problema es consecuencia de una institucionalidad (palabra tan en boga hoy en día) que se ha venido gestando desde antes que la Concertación asumiera en el poder hace más de diez años.

La reciente aprobación de la construcción de una serie de cinco represas en la región de Aysén es solo una prueba más del deteriorado sistema democrático vigente en Chile. Es inconcebible que un grupo de once personas entre las cuales no se cuente un solo experto en el tema (llámese científico), tengan en sus manos la destrucción o la salvación de una de las pocas zonas de Chile que aún no ha sufrido en desmedida los embates expansionistas de la industria chilena.

Y es que elegimos al timonel y a los pseudo-representantes ciudadanos (o parlamentarios), pero no son siquiera estos representantes los que tienen la última palabra, sino que el hecho de que sea el Ejecutivo el encargado de seleccionar a la comisión aprobadora, lo que desestima totalmente la base de democracia.

La democracia en Chile se limita a dar el poder a los ciudadanos de escoger a sus representantes directos pero, ¿qué sucede cuando estos representantes no cumplen sus promesas de campaña y cambian de parecer al ritmo del empresariado?. Podrán tildarme de utópico pero creo que en nuestro tiempo una democracia directa es preferible a una comisión cerrada que, evidentemente, es electa con miras a la aprobación del proyecto y con el oficialismo interviniendo a vista y paciencia de todos.

Es la misma institucionalidad ambiental tramitada en gobiernos anteriores, aprobada en el último periodo de la Concertación y aplicada en el actual bajo la cual se ha escudado tantas veces la “Ministra” vocera de gobierno y los ministros correspondientes al hablar de Hidroaysén. No creo que nadie que analice el tema con altura de miras concluya que excusarse con algo tan vano como el afirmar que el proyecto se apega a la normativa ambiental vigente aprobada por el gobierno anterior (con énfasis en esto último), corresponda con un gobierno que busca el cambio. Si lo anterior fuere cierto se buscarían las no pocas falencias de la normativa y se corregirían, o se dictaría una nueva de lleno, sin embargo, se han limitado a transitar sobre el sendero concertacionista.

Está de más ahondar en la seguidilla de atentados contra el medio ambiente que el proyecto avala, mas considero importante recalcar el otro argumento favorito cuando es hora enfrentar los cuestionamientos: los beneficios para la región, especialmente aquellos que involucran las plazas de trabajo que crearía el proyecto a corto – pero no a largo – plazo. Y es que es un hecho que la concretación de un proyecto de esta magnitud requiere mano de obra pero, ¿no es la respuesta a la interrogante económica la producción con la menor inversión posible?, porque el hecho de que sea el plan energético más caro en la historia chilena no significa que los sueldos de esos trabajadores vayan a ser superiores al salario mínimo y, obviamente, no aseguran para nada el beneficio a largo plazo.

Lo que si resulta cierto es el relativo beneficio que acarrea el proyecto para la región, después de todo es más fácil convencer con cuestiones tangibles que vender la poesía de la energía 100% CHILENA; y es que aquel que caiga en eso es porque no se ha informado de que el derecho de uso de aguas no le corresponde al Estado, sino que se les han cedido enteramente a las siempre bienvenidas empresas españolas. Lo único chileno acá será la pérdida de bosque nativo y especies que en él habitan.

Si nos proyectamos a corto plazo hay pocas salidas para impedir la derogación del proyecto, sin embargo, esperamos que las administraciones venideras se den cuenta del daño social y ambiental que la no innovación en materia energética (porque las represas no caben siquiera dentro de la categoría de energías renovables aunque el Gobierno diga lo contrario), que han provocado en la tierra y el pueblo chileno que los eligió en elecciones democráticas.

Por el momento la esperanza radica en la movilización ciudadana porque, por lo visto, el único modo de convencer al Gobierno es con paros, huelgas y revueltas, porque ni siquiera las bajas en las encuestas de aprobación logran desalentarlos en el cumplimiento de sus metas de industrialización desmedida y monoproducción no rentable.

Después de todo, estamos en vías de desarrollo.

Cristóbal Ignacio Rojas Alday.
fromxxxx@xxxx.xxx

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