El Tribunal Supremo de Cuba confirmó la condena de 30 años de prisión impuesta en diciembre al salvadoreño Francisco Chávez Abarca, acusado de ejecutar y organizar una ola de atentados con bomba contra hoteles en la isla en 1997, se informó este lunes oficialmente.

El Tribunal constató que “la extrema gravedad y antecedentes del acusado en la actividad terrorista, convierten en necesaria y justa la sanción de 30 años de privación de libertad impuesta” y “declaró sin lugar el recurso de casación”, según un informe publicado en el sitio oficialista Cubadebate.

Asimismo, destacó que la decisión del Tribunal Provincial de Ciudad de la Habana, que juzgó a Chávez Abarca, “se sustentó en un sólido y suficiente material probatorio” y que durante el proceso “se cumplieron las garantías (…) del acusado en el ejercicio del derecho a la defensa”.

Cubadebate (www.cubadebate.cu) destacó que las pruebas periciales, documentales y los testimonios presentados en el juicio, demostraron que Chávez Abarca, de 38 años y extraditado por Venezuela en julio, “reclutó, adiestró, organizó y financió a guatemaltecos y salvadoreños” para cometer los atentados, en uno de los cuales murió un turista italiano.

Según las autoridades, Chávez Abarca mostró entonces arrepentimiento y admitió haber trabajado para el anticastrista Luis Posada Carriles y contratado a los salvadoreños Ernesto Cruz y Otto Rodríguez, condenados a muerte como ejecutores de los atentados, pero beneficiados en diciembre con la conmutación por 30 años de cárcel.

Chávez Abarca era “el cabecilla de un brazo armado estructurado en Centroamérica” por Posada Carriles, la anticastrista Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA, con sede en Miami) y “el resto de la mafia anticubana”, señaló el informe.

La televisión local difundió en septiembre pasado un video en el que Chávez Abarca, detenido en el aeropuerto de Caracas el 1 de julio de 2010, reconoció haber participado en planes para atentar contra el presidente venezolano Hugo Chávez, y sabotajes en Cuba y Venezuela.

Cuba no aplica la pena capital desde que en 2003 fueron fusilados tres cubanos que secuestraron violentamente una embarcación para emigrar a Estados Unidos.