El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Julio Miranda Lillo, dictó acusación en la investigación por el caso de secuestro calificado del sacerdote Miguel Woodward Iriberry, ocurrido en septiembre de 1973.

La investigación determina que habría sido apresado por organismos de inteligencia del Gobierno Militar, torturado en la Universidad Santa María y la Academia de Guerra Naval.

Además, la indagación determinó que Woodward habría sido trasladado grave tras las torturas recibidas en estos centros de detención hasta el buque Escuela Esmeralda, en donde habría fallecido.

Un médico a bordo de la embarcación lo habría revisado y se habría tomado la decisión de trasladarlo al Hospital Naval, donde se pierde su rastro físico y desde donde se emite un certificado de defunción.

Además se establece que existe una anotación en el Registro de Sepultación del Cementerio N°3 de Playa Ancha, lugar donde se realizó una excavación con el objetivo de encontrar sus restos, concluyendo ésta sin resultados.

A juicio del ministro en visita, Julio Miranda Lillo, los hechos configuran la existencia del delito de secuestro seguido de grave daño, posiblemente la muerte de Woodward, ya que fue privado de su libertad, manteniéndolo bajo detención o encierro en recintos de la Armada, sin que sus restos hayan sido encontrados.

Javier Rodríguez, vocero de la agrupación de familiares y amigos de Miguel Woodward, afirmó que tras conocerse los antecedentes la Armada debe pedir perdón al país.

El diputado PPD Tucapel Jiménez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, expresó que sería bueno escuchar la voz de la institución ante este dictamen judicial.

Por su parte, el diputado UDI Gustavo Hasbún expresó que se trataba de una acusación esperable de acuerdo a los antecedentes manejados.

El diputado DC Hugo Gutiérrez, calificó de relevante la acusación a aquellos que están involucrados en la muerte del sacerdote y espera que haya condena en esta causa.

Recordar que el magistrado formuló cargos en contra de 10 de los procesados: Los suboficiales Héctor Fernando Palomino López, Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José Manuel García Reyes; el capitán de navío (r) Marcos Cristián Silva Bravo; coronel de Carabineros (r) Nelson Roberto López Cofre; el suboficial de la misma institución Jorge Leiva Cordero; y los suboficiales mayores de infantería de marina, Manuel Atilio Leiva Valdivieso y Bertalino Segundo Castillo Soto, acusándolos como autores de la desaparición del religioso.