El partido gobernante en Uruguay, el izquierdista Frente Amplio, busca el sábado un acuerdo sobre un proyecto para anular una ley que impidió investigar violaciones a los derechos humanos de la última dictadura uruguaya (1973-1985), al que se opone el presidente José Mujica.

La coalición de izquierda convocó para la tarde del sábado a un Plenario nacional, en el marco de un áspero debate sobre la posibilidad de anular una ley tradicionalmente cuestionada por la izquierda, pero ratificada en dos plebiscitos convocados en 1989 y en 2009.

Precisamente con el argumento de que se “le está pasando por arriba a dos plebiscitos”, el presidente Mujica -un ex guerrillero que estuvo 13 años preso en condiciones infrahumanas durante la dictadura- manifestó en los últimos días su rechazo al proyecto interpretativo que anularía la Ley de Caducidad.

El proyecto de anulación fue aprobado el año pasado en la Cámara de Diputados y en marzo en el Senado pero con modificaciones, por lo que debe ser tratado nuevamente en la Cámara de Diputados, en una votación prevista para el próximo jueves 19.

El fuerte debate interno provocó sin embargo la renuncia de un senador oficialista a su banca y el voto en contra de otro, en rechazo a una iniciativa que muchos legisladores dijeron votarla por disciplina partidaria.

El Plenario del sábado analizará así si mantiene el mandato de votar el proyecto interpretativo o busca alternativas, entre las cuales analiza convocar un nuevo referéndum sobre el tema.

La polémica ‘Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado’ fue aprobada en 1986, un año y medio después de la salida de la dictadura y de otra ley que amnistió a los presos y perseguidos políticos.

La norma obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar. Durante 20 años, los gobiernos de partidos tradicionales rechazaron todas las solicitudes presentadas, hasta que en 2005, con la llegada del FA al poder, el entonces presidente Tabaré Vázquez dio luz verde a los primeros juicios.

Desde entonces, una decena de personas -incluidos los ex dictadores Gregorio Álvarez (militar) y Juan María Bordaberry (civil) y un militar en actividad- fueron encarceladas.

La Suprema Corte de Justicia uruguaya sostuvo en tres oportunidades que la Ley de Caducidad es inconstitucional, mientras que en marzo pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Uruguay investigar y sancionar las desapariciones forzadas.