Una solicitud para que la Contraloría General de la República se pronuncie sobre las actividades políticas que realizaría públicamente en Chile el embajador en Argentina, Adolfo Zaldívar, ingresó a este organismo fiscalizador el diputado Jorge Burgos (DC).
El parlamentario presentó un oficio en el cual detalla cuáles son las normas que debe cumplir un embajador, en cuanto a representar al Estado chileno cumpliendo con lo establecido en la ley.
Según la denuncia, Zaldívar estaría pasando a llevar el principio de “prescindencia política de los embajadores” en diversas actividades realizadas en Chile, vinculadas principalmente al Partido Regionalista de los Independientes (PRI).
“Si un embajador participa en actividades políticas en el país, el asunto es particularmente grave”, dice parte del documento presentado por Burgos.
Agrega que “como funcionario público, el embajador está sujeto a las reglas de probidad administrativa”, y subraya que “uno de los deberes que implica dicho principio es que a quienes se les aplica están impedidos realizar actividades de carácter político.
Por lo mismo, no pueden intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones para tales fines, valerse de la autoridad o cargo para favorecer o perjudicar, por cualquier medio, a candidaturas, tendencias o partidos políticos”
Además, se manifiesta que cualquier declaración formulada por un embajador “la hace como representante, no como particular o privado; por lo mismo, puede comprometer al país con sus dichos. En segundo lugar, porque como embajador, representa al Estado de Chile; por lo mismo, está al margen de la refriega política. En tercer lugar, porque si la prescindencia política fue aplicada a los ministros, no obstante que no eran técnicamente funcionarios, con mayor razón se debe aplicar a los embajadores, cuya única particularidad es que son funcionarios públicos de la exclusiva confianza del Presidente”.
