Miembros del cartel de Los Zetas y marinos mexicanos que patrullaban un islote en la represa Falcon, fronteriza con Estados Unidos, sostuvieron una balacera en la que murieron 12 presuntos pistoleros y un militar, informó el lunes la Secretaría de Marina en un comunicado.
El enfrentamiento se desató cuando los marinos patrullaban el domingo el islote en la represa ubicada sobre el río Bravo que divide a los dos países y “encontraron un campamento presuntamente del grupo delictivo de los “Zetas”, señala el texto.
En el enfrentamiento “murieron 12 presuntos delincuentes” y un marino, y fueron decomisadas una veintena de armas largas, entre ellas una ametralladora, añade.
El campamento de Los Zetas “tenía la función de punto de concentración de marihuana para ser transportada en lanchas hacia los Estados Unidos”, según el comunicado oficial.
Los Zetas son una organización liderada por soldados de élite desertores que hace poco más de un año dejó de operar para el cártel del Golfo desatando una cruenta disputa por el control de Tamaulipas y otras regiones del noreste mexicano, según autoridades.
Un estadounidense fue reportado desaparecido en setiembre del año pasado en esa misma represa donde, según su esposa, fue baleado en un ataque de presuntos miembros de Los Zetas a la embarcación en la que navegaban.
Las autoridades mexicanas estiman que Los Zetas utilizan lanchas y hasta motos náuticas para el trasiego de armas y drogas por esa extensa represa que produce energía y facilita el regadío de amplios territorios de Texas y el norte de México.
El año pasado autoridades mexicanas y estadounidenses dijeron que colaboraban activamente en un plan para garantizar la seguridad de la represa inaugurada hace casi 60 años y así blindarla frente a posibles ataques de grupos relacionados con el narcotráfico.
La extensa frontera de Tamaulipas y Texas es considerada una de las más utilizadas por los cárteles del narcotráfico para ingresar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Pero los Zetas han sido relacionados recientemente por las autoridades con otros delitos como el secuestro de migrantes -con el hallazgo en abril de 183 cadáveres en fosas comunes en un poblado a 160 km de la frontera-, el robo de combustibles y el cobro de extorsiones en el noreste de México.
