La Policía de Colombia inició este sábado el desalojo de unas 6.000 personas que se asentaron ilegalmente en fincas de cuatro municipios el departamento de Antioquia (noroeste), con el objetivo de exigir la restitución de tierras a desplazados por la violencia.

Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia, aseguró que su despacho no permitirá la invasión de terrenos privados por parte de campesinos, quienes desde el pasado lunes ocuparon progresivamente los predios exigiendo la restitución de sus tierras al gobierno.

“Es demasiado importante restablecer el orden y que las autoridades desalojen a los invasores que, todo indica al parecer, vienen de grupos subversivos, al margen de la ley”, indicó Ramos.

El desalojo de las fincas en los municipios de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó fue ordenado por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, luego de que el viernes fracasó el desalojo pacífico, que terminó en enfrentamientos con las autoridades y bloqueos temporales de vías en la región.

“Ni apoyamos ni prohijamos las vías de hecho. El camino para reivindicar derechos legítimos sobre tierras que les hayan sido despojadas está abierto ante la Justicia, los tribunales especiales”, dijo Restrepo.

El presidente de la Asociación Nacional por la Salvación del Sector Agropecuario, Aurelio Suárez, lamentó que a través de la vía de hecho los campesinos desplazados estén tomando fincas, dedicadas especialmente a la explotación bananera.

El representante de la agremiación campesina consideró que muchos de estos casos se dan por las expectativas del programa de restitución de tierras que ha prometido el gobierno, por lo que pidió celeridad en el proceso para evitar que el fenómeno se extienda.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos anunció en 2010 la implementación de un programa para devolver al menos 2 millones de hectáreas en sus cuatro años de gestión, pero organizaciones de campesinos y desplazados critican que este se viene desarrollando de manera muy lenta.

Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia cerca de 3 millones de personas han sido desplazadas por la violencia desde los años 50.