Nada permite indicar que los servicios de inteligencia británicos pudieron prevenir los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, concluyó este viernes una juez de instrucción, y estimó por otra parte que las 52 muertes fueron inevitables.
“No hay simplemente ninguna prueba de que los servicios de seguridad supieran, y por tanto fallaran en prevenir, los atentados del 7-J”, declaró la juez Heather Hallett, dando lectura en un tribunal del centro de Londres a las conclusiones de una investigación judicial de seis meses de duración.
El MI5, el servicio de inteligencia interior británico, fue duramente criticado tras estos atentados, los más graves jamás registrados en suelo británico, y atribuidos a la organización Al Qaida.
La agencia empezó a vigilar al líder de los cuatro kamikazes, Mohamed Sidique Khan, un extremista británico que recibió entrenamiento en Pakistán, pero luego dejó de hacerlo alegando una escasez de medios y que no era un sospechoso prioritario.
Habría sido “técnicamente posible” determinar los contactos de Sidique Khan pero para ello hubiesen sido necesarios “recursos y tiempo ilimitados”, cosa que el MI5 no tiene, precisó la juez en sus conclusiones.
El informe de la indagación incluye sin embargo entre sus nueve recomendaciones dos destinadas a “mejorar” la definición de los blancos prioritarios del MI5 y su identificación por parte de las fuentes.
La juez Hallett también exculpó a los servicios de emergencia, acusados en algunos casos de lentitud. Las pruebas no permiten concluir que “una organización o una persona provocó o contribuyó a las muertes”, afirmó ante una sala llena de familiares de víctimas que esperaban este momento desde hacía seis años.
Las 52 personas más afectadas por las explosiones hubieran fallecido, “independientemente de la hora a la que los servicios de emergencia hubieran llegado hasta ellos y los hubieran rescatado”, afirmó la juez.
“Las pruebas médicas y científicas conducen a una única y triste conclusión: cada una (de las víctimas) habría muerto de todos modos”, estimó calificando cada una de las muertes de “homicidio ilegal”.
Además de los 52 muertos, sin contar a los kamikazes, las cuatro explosiones casi simultáneas en tres metros y un autobús en el centro de la capital británica dejaron también más de 700 heridos. Dos de los kamilazes habían aparecido en un vídeo con el número dos de Al Qaida, Ayman al Zawahiri.
El informe fue redactado en base a seis meses de audiencias durante las cuales 309 personas atestiguaron en persona, 107 declararon por escrito, se visionaron imágenes rodadas poco después de las explosiones y se escucharon grabaciones de las llamadas a los servicios de emergencia que revelaron la extensión del desastre.
Su publicación se produjo sólo cinco días después de la muerte del líder de Al Qaida, Osama bin Laden, abatido el domingo por un comando estadounidense en Afganistán.
“El veredicto de hoy, asociado con lo ocurrido en Pakistán este semana, ayudará a mis clientes a dejar atrás esta atrocidad, en la medida de lo posible”, reaccionó con satisfacción el abogado Adam Chapman, que representa a siete familias de las víctimas.
Otros familiares, sin embargo, pidieron una investigación pública que responda a los interrogantes que la instrucción dejó sin respuesta.
