Hoy se inició el juicio oral contra cinco integrantes de una red de corrupción, compuesta por ex funcionarios públicos, que falsificaban resoluciones judiciales, para favorecer a imputados por diversas causas.
En la presentación de los antecedentes, la defensa presentó un recurso de nulidad debido a que la parte querellante agregó otras penas.
En el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal se inició el juicio contra los cinco líderes de una red de corrupción al interior del Poder Judicial, que fueron imputados por formar parte de una asociación ilícita y falsificación, que operó desde enero del 2007 hasta octubre del 2008.
El grupo cometió una serie de actos improbos, cobrando para realizar actos como falsificar resoluciones judiciales, eliminar órdenes de detención, dar beneficios a delincuentes para que salieran antes de la cárcel, cambiar muestras de sangre en casos de alcoholemia, obtener información privada de la PDI, para entregarla a terceros, entre otros.
Los líderes de la red se exponen a penas de cárcel y a millonarias multas, tal como Margarita Cuadros Aedo, ex funcionaria de la PDI y del Poder Judicial, quien podría enfrentar una condena de 27 años y 175 días de presidio, tal como lo expresó el fiscal Víctor Vidal.
En tanto, la defensa presentó un recurso de nulidad al auto de apertura, debido a que dentro de la lectura de los delitos y penas que realizó la jueza Gabriela Gómez, la parte querellante agregó nuevos antecedentes, según lo indicó el abogado Ricardo Flores.
El abogado querellante, que representa al Consejo de Defensa del Estado, Estanislao Dufay, indicó que existía un error en las actas y señaló que la objeción solo obedecía a una estrategia de la defensa de los imputados.
Debido a esa petición, la Magistrado ordenó al Séptimo Juzgado de Garantía revisar los audios del proceso previo, para así tomar una decisión en base al requerimiento de la defensa.
En el marco de este juicio oral, se citarán a más de noventa testigos, entre ellos al ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, quien, en su momento, realizó una serie de sumarios administrativos por estos hechos.
En la banda participaron 42 funcionarios y ex funcionarios de la PDI, el Servicio Médico Legal, Carabineros, Tribunales, 21 de los cuales ya fueron condenados, en juicios abreviados.
