Los diputados Felipe Harboe (PPD) y María José Hoffmann (UDI), en compañía de los padres de Sebastián Navarrete y Borja López, ambos niños fallecidos en establecimientos preescolares, se reunieron este lunes con el ministro de Educación, Joaquín Lavín, para pedir suma urgencia al proyecto que busca sancionar penalmente las agresiones y negligencias a pequeños en jardines infantiles y salas cuna.
Sebastián Navarrete, de seis meses, murió en marzo de 2001 a raíz de una asfixia provocada por una cinta adhesiva que fue colocada en su boca para evitar que continuara llorando en un jardín infantil en Las Condes, en tanto Borja López, Murió al ser olvidado en un automóvil en las afueras de un jardín infantil de Huechuraba, el 19 de octubre de 2010.
Harboe expresó que “el ministro Lavín accedió a dar suma urgencia al proyecto que presenté en 2009 y se va a iniciar la pronta tramitación de éste para evitar que en el futuro tengamos más situaciones que lamentar”.
“Este proyecto, agregó, va a ser una iniciativa en memoria de Sebastián y de Borja, para que ningún otro niño tenga que sufrir las consecuencias de la agresión, el maltrato y en este caso, la muerte”, afirmó Harboe.
Por su parte, la diputada Hoffmann, quien además es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, valoró la iniciativa de Harboe, así como también “el testimonio de amor que están dando las familias que con mucho dolor les ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles y creo que este proyecto viene hoy día a regular un vacío y una falta de conciencia en entender que estos hechos graves tienen que tener sanciones muchos mayores”, expresó la legisladora.
El diputado Harboe presentó este proyecto en noviembre del año 2009, luego de conocer a los padres de Sebastián Navarrete.
La propuesta tiene por objetivo aumentar las sanciones para las personas que ejerzan funciones al interior de establecimientos de educación preescolar, sean salas cuna o jardines infantiles, así como castigar a aquellos que tengan jardines infantiles ilegales; aplicar una pena mínima de tres años de presidio a aquellos que causen lesiones o produzcan negligencias contra menores, ya sea guardadores, administradores o ejerzan cualquier tipo de función en trabajo con niños, y además establece que se cree un registro de inhabilidades para que esas personas nunca más trabajen en alguna institución pública o privada que tenga relación con el cuidado de menores.
