Una alianza de partidos de oposición de Costa Rica tomó control este lunes del directorio legislativo, tras un acuerdo con el oficialismo para remontar una grave crisis que mantenía paralizado el Congreso desde el domingo.
El diputado Juan Carlos Mendoza, del Partido Acción Ciudadana (PAC, centro) fue electo presidente para los próximos doce meses, con el voto de 32 de los 55 diputados presentes en la sesión.
Los otros puestos directivos, la vicepresidencia, dos secretarías y dos suplencias, también quedaron en manos de partidos integrantes de la coalición opositora, en una votación que fluyó sin contratiempos, ya que el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN) desistió de presentar candidatos.
La crisis política se desató por una pugna entre la variopinta alianza opositora y el minoritario oficialismo, lo que el domingo impidió la elección del nuevo directorio e impidió a la presidenta Laura Chinchilla leer su primer informe anual al Congreso.
El domingo, horas de batalla sobre procedimientos de votación terminaron con la salida del recinto de la alianza opositora que agrupa desde neoliberales fundamentalistas hasta izquierdistas radicales, dejando sin quórum a los oficialistas, duchos como pocos a la hora de explotar los vericuetos del reglamento parlamentario.
Pese a la falta de quórum, los 24 legisladores del gobierno y dos aliados ungidos por partidos evangélicos, reeligieron entonces a Luis Villanueva como presidente del Congreso, quien renunció tres horas después ante el creciente escándalo, calificado como “golpe” por la oposición.
Villanueva ratificó este lunes el retiro de su nombre como candidato y anunció que su Partido Liberación Nacional (PLN), que ha dominado la política costarricense durante las últimas seis décadas, no buscaría puestos en el nuevo directorio del Congreso.
El control del directorio legislativo le permite al bloque opositor controlar la presidencia de la Asamblea Legislativa, la vicepresidencia y las secretarías, para desde allí repartirse comisiones, manejar la agenda de debates y decidir la prioridad de los proyectos de ley.
El panorama que se abre con la oposición a la cabeza del Poder Legislativo amenaza con transformar los tres años restantes del gobierno de Chinchilla, una católica fervorosa, en un vía crucis interminable.
La presidenta disfrutó en su primer año de un pacto de gobernabilidad con el Movimiento Libertario, cuyos 9 legisladores le permitieron elegir las autoridades legislativas, cuyo mandato culminó el domingo.
Pero este grupo rompió lanzas con el gobierno luego del envió de un plan de aumentos generalizados de impuestos al consumo, en un intento de reducir un déficit equivalente al 5% del Producto Interno Bruto.
Los liberales se sumaron así al arcoiris de centristas, radicales de izquierda, socialcristianos y hasta un partido sin ideología tradicional y que se dedica a defender los derechos de los minusválidos, para asaltar el control del Congreso, apoyándose en sus 31 legisladores.
Precisamente, una de las consecuencias inminentes de los cambios en el Congreso, sería el rechazo del plan de reformas fiscales que por iniciativa de la Presidenta discute el Congreso.
Pero ni siquiera en el oficialismo las cosas son claras, ya que la mitad de los diputados del PLN ni siquiera reconocen como su líder a Chinchilla, sino que obedecen al dos veces presidente y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, y a su hermano Rodrigo Arias, aspirante a la presidencia en 2014.
La Presidenta saludó la noche de este lunes a la nueva directiva y dijo que “las puertas de la Casa Presidencial permanecen abiertas.
“La Presidenta exhorta también a los y las legisladoras a tender los puentes necesarios para restituir un ambiente constructivo en el seno de la Asamblea Legislativa”, expresó la gobernante en un comunicado.
