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Congreso mexicano pospone debate a cuestionada ley de Seguridad

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El Congreso de México pospuso el jueves el debate a una ley de Seguridad Nacional que reglamenta la actuación del Ejército para combatir amenazas internas, como hace actualmente con el narcotráfico, duramente cuestionada por la izquierda y grupos de derechos humanos.

Una reunión de representantes de las bancadas acordó que el proyecto vuelva a ser examinado por 3 comisiones legislativas entre mayo y agosto, explicó Josefina Vázquez Mota, del gobernante Partido Acción Nacional.

“Tenemos la voluntad de escuchar todas las voces. Las organizaciones de la sociedad civil han hecho observaciones importantes”, manifestó.

Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch habían expresado reservas al proyecto cuyo debate se aceleró la última semana, según opositores, para buscar su aprobación en el actual periodo legislativo que finaliza el sábado.

La iniciativa, que autoriza a los militares a realizar cateos e intervenir comunicaciones para obtención datos de inteligencia, “no garantiza controles o mecanismos de rendición de cuentas para prevenir y sancionar abusos”, señaló Rupert Knox, investigador sobre México para AI.

Previamente el director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, declaró a la AFP que la propuesta “es sumamente ambigua” y “garantiza la permanencia de un sistema de justicia militar que ha generado un clima de impunidad” al evitar que los uniformados sean procesados en tribunales civiles.

La bancada del Partido de Revolución Democrática (PRD, izquierda), que anticipó boicotearía el trámite, consideraba que con esta ley el Ejército podría ser manipulado para reprimir protestas sociales y perseguir opositores.

El proyecto fue presentado hace dos años por el gobierno para reglamentar las facultades de las fuerzas armadas en caso de amenazas internas.

El obispo católico de Saltillo (norte), Raúl Vera – premio de Derechos Humanos Rafto 2010 por su defensa de los migrantes- cuestionó al hablar en nombre de varias ONG’s este miércoles que la iniciativa se haya diseñado “pensando en la seguridad del Estado y no los ciudadanos, reducidos a efectos colaterales”.

El despliegue de 50.000 efectivos del Ejército y la Marina de Guerra contra el narcotráfico dispuesto por el presidente Felipe Calderón desde diciembre de 2006, ha estado acompañado de crecientes denuncias de abusos y muertes de víctimas, incluso niños, en operativos militares.

Esa ofensiva deja más de 37.000 muertos: 34.600 hasta diciembre según un balance oficial y 3.000 este año según coinciden recuentos de prensa.

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