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Juez hondureño decide suerte de juicios por corrupción contra Zelaya

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Un juez hondureño debía decidir este viernes si anula o no los juicios por corrupción contra el ex presidente Manuel Zelaya, exiliado en República Dominicana y cuyo retorno dependería en parte de ese fallo, informaron fuentes judiciales a la AFP.

El caso está siendo revisado por el juez Carlos Chinchilla, que en caso de anular los procesos allanaría el eventual retorno de Zelaya a Honduras, asilado en República Domininicana desde el 27 de enero de 2010.

El retorno del ex presidente es una de las condiciones de la OEA para readmitir al país en la organización, tras excluirla el 5 de julio de 2009, días después del golpe de Estado contra Zelaya.

Sin embargo, la Fiscalía tendría tres días para apelar un fallo en favor de Zelaya ante tres magistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia, y que conforman una Corte de Apelaciones.

De ser ratificado, el caso podría llegar hasta el pleno de los 15 magistrados de la Corte.

La Procuraduría General de la República (el órgano defensor del Estado) solicitó el 15 de diciembre al juzgado de Tegucigalpa nombrar defensores a Zelaya, quienes solicitaron la nulidad del proceso.

El juez del juzgado de Tegucigalpa designado, Claudio Aguilar, declinó conocer el proceso el 7 de enero pasado, debido a que la ley hondureña establece que los juicios a altos funcionarios deben conocerlos un magistrado que nombra la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema nombró entonces a Chinchilla, quien este viernes estaba reunido con las partes desde las 09H00 locales (15H00 GMT), constataron periodistas de la AFP.

Se había anunciado que el fallo se conocería una hora después, pero tras seis horas de reunión se mantenía la audiencia, mientras los periodistas aguardaban dentro del Palacio de Justicia, rodeado por militares y policías.

Zelaya fue derrocado el 28 de junio del 2009, y fue acusado de delitos de corrupción y políticos, como traición a la patria, por sus pretensiones de convocar a una constituyente que redactara una nueva constitución para -según sus detractores-, abrirse paso a la relección y mantenerse en el cargo.

Los delitos políticos fueron sobreseídos por un decreto de amnistía que promovió el presidente Porfirio Lobo, pero están pendientes los comunes: fraude, violación de los deberes de los funcionario y abuso de autoridad por el uso del equivalente a tres millones de dólares en publicidad.

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