Luego de que la Concertación y el Partido Comunista finalmente presentaran la acusación constitucional contra la intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, por el caso de la población Aurora de Chile, surgieron diversas reacciones en el mundo político.
El diputado Aldo Cornejo, jefe de bancada de la Democracia Cristiana, valoró la determinación del timonel de Renovación Nacional, Carlos Larraín, de dejar en libertad de acción a sus parlamentarios, pero discrepó de las declaraciones del Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sobre falta de argumentos de esta acusación constitucional.
El diputado socialista Osvaldo Andrade aseguró que la jefa regional del Bío-Bío actuó con falta de honradez y decencia. En esa línea, instó al Gobierno a incorporar estos conceptos en la “nueva forma de gobernar”.
El diputado Pepe Auth, jefe de la bancada del PPD, criticó la decisión del presidente Sebastián Piñera de mantener en su cargo a Van Rysselberghe. Por eso, hizo un llamado a los 120 parlamentarios a actuar en conciencia para corregir la mala decisión de mantener en su cargo a la intendenta de la Octava Región.
Desde el oficialismo, el parlamentario José Antonio Kast, jefe de bancada de la UDI, calificó la presentación del texto acusatorio como “una buena puesta en escena” de la Concertación. Además, manifestó que el libelo carece de argumentos jurídicos.
El escenario que más inquieta a la Alianza es la postura de los diputados de Renovación Nacional Karla Rubilar, Marcela Sabat, Roberto Delmastro y Frank Sauerbaum de estudiar la posibilidad de apoyar la acusación constitucional.
En todo caso, el diputado Cristián Monckeberg, jefe de bancada de ese conglomerado, espera que todos los parlamentarios de RN lleguen a una posición única.
El libelo detalla que se acusa a la intendenta por “inventar una historia falsa de que personas que no fueron afectadas por el terremoto del 27 de febrero, sí estaban afectadas por él, buscando involucrar a vecinos de la población Aurora de Chile en dicha maquinación engañosa, para así tratar de inducir ilegítimamente decisiones de organismos del Estado”.
El próximo 5 de abril se dará cuenta en la sala de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional. Ese día, además se sorteará a los 5 parlamentarios que integrarán la comisión que informará si procede formular o no la acusación.
