La Corte Suprema condenó al Fisco a pagar $ 220 millones a las familias de tres conscriptos que murieron luego de la explosión de varios morteros en la ciudad de Linares.
El fallo fue unánime de la Tercera Sala del Máximo Tribunal integrada por los ministros Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Lagos y determinaron que el Estado debe responder por las muertes de Juan Carlos Leal, Roberto Gutiérrez y Lizardo Silva ocurrida el 18 de septiembre del 2000, cuando explotó una bomba de mortero en el polígono de tiro General José María Bari de la Escuela de Artillería Linares, donde los jóvenes realizaban su servicio militar obligatorio.
La Suprema determinó que el Estado es responsable por la falta de servicio del Ejército tras el accidente.
“De acuerdo con este razonamiento y ampliándolo, puede no exigirse para la responsabilidad de la persona jurídica Estado la culpa o dolo de sus órganos o representantes; basta con que el comportamiento del servicio público fuera distinto al que debiera considerarse su comportamiento normal; o sea, basta con probar una falta de servicio. Por otra parte, la culpa de funcionarios anónimos puede presumirse, como ha hecho en ocasiones la jurisprudencia y en estos casos la culpa del órgano, que se presume de los hechos mismos, constituye la culpa del Estado”, dice el fallo.
El fallo, que deja a firme la resolución de la Corte de Apelaciones de Talca, determina que el Fisco debe cancelar $ 50 millones a Violeta del Carmen Fernández Rodríguez, madre de Juan Carlos Leal Fernández; $ 50 millones a Alejandro Gutiérrez Castillo, padre de Roberto Gutiérrez Cáceres, $ 50 millones a Olga Cáceres Vasallo, madre de Roberto Gutiérez Cáceres, $ 50 millones a Albertina Navarrete Rivas, madre de Lizardo Silva Navarrete; $ 10 millones a Luzvenia Silva Navarrete y $ 10 millones a Yohann Silva Navarrete, hermanos de Lizardo Silva Navarrete.
