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Medios mexicanos fijan criterios para cubrir narcotráfico, pero sin consenso

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La mayoría de los medios de México acordaron unificar criterios sobre la cobertura de la violencia del narcotráfico, para proteger a sus periodistas, evitar propagar el terror o convertirse en “voceros involuntarios” de la delincuencia, aunque el texto no logró el consenso.

El “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, impulsado por las cadenas de televisión Televisa (la más grande de habla hispana) y TV Azteca, fue firmado este jueves por 61 medios en una ceremonia pública retransmitida en directo.

El documento señala que su propósito es “proponer criterios editoriales comunes” para que la cobertura sobre la violencia evite “propagar el terror entre la población y establecer mecanismos para la protección de los periodistas”.

Entre sus compromisos le medios acordaron: “no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada”, “no interferir en el combate a la delincuencia” y “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios”.

También prevén medidas para proteger a los reporteros como el no firmar artículos sobre narcotráfico, realizar coberturas conjuntas sobre temas delicados y evitar los reportes en vivo desde las zonas más violentas.

El texto, suscrito igualmente por varios medios de propiedad estatal así como por gremios de empresarios y organizaciones no gubernamentales, no generó el consenso en los principales medios.

Cinco de los periódicos de circulación nacional se adhirieron, pero no así Reforma y La Jornada -dos diarios de referencia-, y tampoco la revista Proceso -un semanario especializado en denuncias sobre narcotráfico-, ni la cadena radial MVS, entre otros.

El presidente Felipe Calderón calificó el acuerdo como un “paso significativo” que compagina el ejercicio de la libertad de prensa de los medios con su “responsabilidad con el país y con el interés nacional”.

Jenaro Villamil, periodista de la revista Proceso, reconocida por su perfil crítico, dijo a W Radio que el convenio “abre las puertas para el ejercicio de la censura previa en los medios que firman el acuerdo”.

Por el contrario, Rogelio Cárdenas, director del diario especializado El Financiero, rechazó que el acuerdo sea una forma de censura. “Para nosotros no es mordaza”, comentó a la AFP.

“Algunos medios electrónicos sí tienen que cambiar la forma en la que presentan (la información relacionada con el narcotráfico) para que logren consignar sólo los hechos”, añadió.

Los cárteles usan sus propias estrategias para difundir mensajes, como el colocarlos junto a cadáveres de sus víctimas o publicar videos con supuestas confesiones de rivales en internet, en medio de una escalada de violencia que ha dejado más de 34.600 muertos desde diciembre de 2006, cuando el gobierno ordenó una ofensiva contra el narcotráfico con participación militar.

Balbina Flores, representante de Reporteros Sin Fronteras en México, cuestionó que el convenio asuma que las amenazas a los periodistas provienen sólo del crimen organizado en un país donde 12 reporteros fueron asesinados en 2010, según el conteo de esa organización.

“Es una visión parcial” porque de acuerdo a la experiencia de organizaciones civiles de periodistas (…) más del 60% de las agresiones a periodistas provienen de las autoridades”, declaró a la AFP.

El argentino Edgardo Buscaglia, especialista en narcotráfico del Instituto Tecnológico Autónomo de México y que ha sido asesor externo de la ONU en el tema, consideró el acuerdo como un intento de “oligopolios (que) se juntan para tratar de gerenciar el flujo de información hacia el público”.

“Si realmente creen en el libre mercado de información deben dejar que sus periodistas primero estén mucho mejor entrenados” y añadió que “México no posee un problema de tráfico de drogas nada más, México posee multinacionales del delito”, sin que los medios se preocupen por profundizar en ello.

Con 66 periodistas asesinados en una década según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, México es considerado por varias organizaciones internacionales como el país latinoamericano más peligroso para el periodismo.

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