Luego de que 10 diputados presentaran este jueves la anunciada acusación constitucional en contra de la intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, comienzan a conocerse los detalles de los argumentos bajo los cuales se pide la destitución de la militante de la UDI.

Se trata de un documento de 39 páginas donde se narran los hechos, comenzando por las declaraciones que la ex Alcaldesa de Concepción hizo a los vecinos de la población Aurora de Chile, asegurándoles que había mentido para obtener subsidios destinados a damnificados por el terremoto.

En ese sentido, el libelo establece que “solidarizamos con los pobladores de Aurora de Chile. Llevan mucho tiempo pasándola mal. Comprendemos su angustia y su dolor. Muchos chilenos fueron afectados por el terremoto de febrero del año recién pasado. Creemos interpretarlos cuando consideramos que Uds no piden ni han pedido saltarse las reglas. Uds no quieren privilegios ni abusos que los beneficien en perjuicio de otros chilenos necesitados. No quieren ser regaloneados como les dijo la Intendenta”.

Posteriormente, el texto alude a la supuesta falta de probidad de Van Rysselberghe, al haber entregado información falsa sobre el estado de las viviendas.

“Nos preguntamos cómo puede cumplir adecuadamente estas funciones alguien que ha erosionado su legitimidad de la forma en que a la opinión pública le consta. Cómo el Presidente y el Ministro del Interior pueden seguir confiando en alguien que siendo “su representante natural e inmediato”, confiesa que “logramos convencer a Santiago de que sí estaban afectadas las viviendas inventamos una historia y pudimos hacer que este proyecto no se nos escapara de las manos” si uno de sus roles es “mantener permanentemente informado al Presidente de la República sobre el cumplimiento de las funciones del Gobierno interior de la región”.

Del mismo modo, los parlamentarios acusan a la Intendenta del Bío-Bío de incurrir en una discriminación, al tratar de forma privilegiada a un sector de la población en desmedro de otros.

“Una autoridad de gobierno o administración comete una discriminación de facto cuando la norma jurídica vigente no se aplica imparcialmente a todas las personas que se encuentran en la misma hipótesis, hay aquí, por lo tanto, un acto de discriminación arbitraria en la aplicación de la Constitución y la ley”.

Puedes descargar aquí el texto completo de la acusación (PDF)