La Democracia Cristiana y el Partido Socialista señalaron que no instruirán a sus parlamentarios sobre cómo votar la acusación constitucional contra la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe, en una acción que será presentada la próxima semana. Mientras tanto y a diferencia de los partidos anteriormente nombrados, el PPD garantizó que contará con 18 votos a favor.
Los jefes de las bancadas de diputados de la Concertación ya tienen en sus manos el texto de la acusación constitucional contra la jefa regional del Bío Bío, por su solicitud de subsidios para personas que no resultaron damnificadas por el terremoto.
El libelo será interpuesto finalmente el miércoles o jueves de la próxima semana y el acuerdo político de las direcciones partidarias opositoras es hacer la presentación, aunque para su aprobación no bastan los votos del conglomerado.
El vicepresidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, dijo que tienen la convicción de que la intendenta Van Rysselberghe infrigió la Constitución, por lo cual están los fundamentos jurídicios para proceder con la acusación.
El dirigente llamó particularmente a los diputados de Renovación Nacional a apoyar el libelo. Sin embargo, puntualizó que la propia DC no instruirá a sus parlamentarios la forma en que deben votarlo.
Por su parte, el videpresidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, puntualizó que tampoco en su colectividad habrá instrucciones para sus diputados sobre cómo votar la acusación constitucional contra Van Rysselberghe.
En cambio, el jefe de la bancada de diputados del PPD, Pepe Auth, garantizó que los 18 parlamentarios de su partido votarán favorablemente la acusación.
La acusación contra la intendenta Van Rysselberghe incluye tres capítulos, con los cuales se pretende demostrar que violó el precepto constitucional que la obliga a mantener la probidad administrativa. En parte del texto se califica como una maquinación engañosa el hecho de que la jefa regional haya inventado un historia para buscar subsidios en favor de beneficiarios del proyecto habitacional Aurora de Chile.
También se le acusa de faltar a su tarea de fiscalizar los servicios que operan en la región y de vulnerar el derecho de igualdad.
