El Congreso mexicano pedirá información a la canciller Patricia Espinosa y otros miembros del gobierno sobre la polémica operación de Estados Unidos que habría permitido deliberadamente el ingreso de centenares de armas a México, informó este jueves el Senado.
En tanto, el gobierno declaró a través de la Procuraduría General que las autoridades de Estados Unidos no habían autorizado la operación.
La Cámara Alta solicitará a Espinosa que reclame al “Departamento de Estado de Estados Unidos aclarar cuántas armas ingresaron, en qué fecha, las aduanas por donde pasaron e identificar a los funcionarios norteamericanos y mexicanos involucrados en dicha operación”, dijo en un comunicado.
Pediremos a la canciller “que asuma una posición más dura, contundente y fuerte con Estados Unidos”, dijo el senador Rubén Camarillo, del gubernamental PAN, al diario Reforma. Espinosa acudirá el 17 de marzo al Senado para una comparecencia ya agendada en días anteriores.
El Senado también acordó pedir la comparecencia del embajador mexicano en Washington, Arturo Sarukhán, para requerirle información sobre la operación, conocida como ‘Fast and Furious’, señaló el comunicado.
De igual forma la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados pactó el miércoles llamar a Francisco Blake, secretario de Gobernación, equivalente a un ministro del Interior, para solicitarle información.
La existencia de ‘Fast and Furious’ fue revelada a la prensa la semana pasada y el Fiscal General estadounidense, Eric Holder, anunció que se realizará una investigación interna.
Este operativo autorizado por la ATF (Oficina de control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos) habría permitido el ingreso a México de más de 1.000 armas entre 2009 y 2010 para las investigaciones contra los cárteles de drogas.
El gobierno mexicano pidió información detallada a Washington sobre el caso, y este jueves la fiscalía consideró que las autoridades de Estados Unidos no aprobaron el ingreso de esas armas.
“Tras consultas sostenidas con diversas dependencias estadounidenses, y como se refleja en las declaraciones de dicho funcionario estadounidense (Eric Holder), se entiende que Estados Unidos no autorizó el trasiego intencional y controlado de armas a territorio nacional como parte de este operativo”, dijo la Procuraduría (Fiscalía) General de la República en un comunicado.
Holder, Fiscal General estadounidense, sostuvo en una audiencia en el Senado que “no es aceptable” permitir el movimiento de armas para posteriormente poder rastrearlas, como se habría hecho en el operativo.
La violencia generada por narcotraficantes mexicanos ha dejado un saldo de más de 34.600 muertos en cuatro años, según el gobierno.
