Imagen: Municipalidad de Talcahuano (CC)
Cerca de un 40% de los actuales residentes en las “Aldeas” de damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010, es decir, aproximadamente 1.700 familias, no recibirán una vivienda definitiva como beneficio del Estado.
Esta es la conclusión de una investigación periodística publicada hoy por CiperChile, y cuyos resultados contradicen el informe oficial de la Segegob, donde se establecía que al cumplirse un año del terremoto, el 80% de las familias radicadas en campamentos tendrían ya un subsidio habitacional.
La información fue confirmada por el secretario ejecutivo de desarrollo de barrios del Minvu, Francisco Irarrázaval, destacando en el documento “Presentación de Aldeas 2011″ que, de los 106 campamentos compuestos por 4.291 familias, un 40% de ellas no obtendrán una solución debido a que no cumplen con los requisitos del Ministerio.
Irarrázaval explicó a CiperChile que cuando el gobierno anunció que un 80% de los damnificados tendría un subsidio asignado, se refería al 80% que cumple con las exigencias del Minvu, es decir, un 44% del total de afectados.
Según los datos, 585 familias estarían imposibilitadas de recibir el beneficio por tener otra vivienda, 406 por ser personas solas (familia unipersonal), 342 por no contar con una Ficha de Protección Social y 666 por no tener un certificado de damnificado.
Pero pese a reconocer que estas condiciones buscan evitar que algunas personas se aprovechen, dirigentes de varias aldeas en las zonas afectadas denunciaron que muchas personas fueron erróneamente dejadas sin subsidio, como madres separadas cuyos maridos tienen a su haber una vivienda, o personas realmente solas que no tienen donde ir ni familiares que los cobijen.
Fue tras un recorrido por diversas aldeas de las regiones del Maule y del Bío-Bío, que la publicación encontró serias disparidades en la forma en que subsisten los damnificados.
Por ejemplo, un campamento en Curanilahue que ha sido foco de infecciones por deficiencias de alcantarillado; otro en Lota donde no cuentan con luz ni agua potable; uno en Dichato que se encuentra totalmente urbanizado; y uno en Coliumo que podría considerarse un modelo de aldea, aunque sus residentes lo atribuyen principalmente a la autogestión de los vecinos.
Precisamente en este último caso, la presidenta de la Aldea “Alto del Rari” tuvo duras palabras hacia la intendenta del Bío-Bío, Jacqueline Van Rysselberghe, considerando que si hay personas a quienes se les asignó erróneamente un beneficio, fue porque ignoró los catastros que tenía el municipio de Tomé.
“La Intendenta hizo un catastro desde cero, pero el que conoce a la región mejor es el municipio. Entonces, ahora se queja de que en Dichato hay 5.000 personas, cuando la población residente era de 2.500. Pero ella dijo que le iba a dar a todos los terremoteados: arrendatarios, allegados y propietarios. Aguántesela ahora”, sentenció Garrido.
En tanto, en la aldea “Villa Solidaridad” de Licantén, Región del Maule, las 27 familias residentes reprocharon las promesas incumplidas del alcalde Héctor Quiero.
El Edil se habría ofrecido a pagar los servicios de agua y luz durante un año, pero no canceló jamás el beneficio, provocando que actualmente el campamento arrastre una deuda de 1.800.000 pesos que mantiene a los vecinos colgados del servicio eléctrico.
