Costa Rica y Nicaragua aguardan la decisión que la Corte Internacional de Justicia anunciará el martes sobre una disputa fronteriza por una diminuta isla fluvial, que ha hecho olvidar otros problemas que afligen a ambos países y de paso ha elevado la popularidad de sus presidentes.

La disputa ha acaparado la agenda diplomática de las dos naciones en los últimos meses y también ha mermado la cooperación en seguridad en una región muy insegura, donde operan poderosas bandas de narcotraficantes.

El diferendo “no beneficia a nadie, ni a Nicaragua ni a Costa Rica”, dijo a la AFP el ex canciller nicaragüense Víctor Hugo Tinoco, quien indicó que hay que esperar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) “y simplemente acatar, independientemente de lo que diga”.

La Corte se pronunciará sobre las medidas cautelares pedidas por San José, que denunció una invasión militar nicaragüense y daño ambiental en su territorio, lo que es negado por Managua, que alega que esa zona le pertenece.

“Las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua se han afectado de manera mucho más importante de lo que la opinión pública internacional considera”, advirtió el secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Francisco Rojas.

“El retroceso en la relación no es una cosa coyuntural que vaya a terminar con el fallo de la Corte, sino que va a perdurar más tiempo, y esto va a tener un impacto en los procesos de integración en Centroamérica”, declaró Rojas a la AFP.

La disputa estalló luego de que Managua iniciara el dragado del río San Juan (que le pertenece) el 18 de octubre, a cargo del ex guerrillero Edén Pastora, el mítico “Comandante Cero” de la Revolución Sandinista de 1979.

Tres días después, Costa Rica movilizó a la frontera a unos 160 policías con cascos de guerra, fusiles de asalto y ametralladoras, en una publicitada operación aerotransportada de un país que carece de ejército.

San José llevó el caso a la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no consiguió mucho, salvo un llamado al diálogo y a desmilitarizar la frontera. El presidente nicaragüense Daniel Ortega rechazó replegar a sus soldados, aduciendo que estaban allí para contener a los traficantes de drogas.

Costa Rica llevó asimismo el caso ante la CIJ, algo que también proponía Nicaragua, que le negaba competencia a la OEA.

La zona en disputa es una diminuta isla fluvial, que ambos países reclaman, en una aislada región selvática en un delta próximo al Caribe.

“Sólo son dos kilómetros cuadrados de pantanos y arenales”, destacó Tinoco.

Pero el origen de las rencillas mutuas es más antiguo, pues se remonta al siglo XIX, como secuela de la anexión en 1824 por parte de Costa Rica de la región de Nicoya, que pertenecía a Nicaragua en la colonia.

Un tratado bilateral de 1858 intentó compensar esta pérdida, dando a Managua la soberanía del San Juan, aunque otorgando derechos perpetuos de navegación con fines comerciales a Costa Rica.

La CIJ se pronunció en 2009 en una causa sobre el San Juan, ratificando el derecho de Costa Rica a la libre navegación, pero rechazó su pretensión de que policías costarricenses armados patrullaran el río.

La disputa ha rendido frutos políticos a ambos gobernantes, pues Ortega ha subido en la encuestas, lo que favorece su aspiración de ser reelegido en noviembre. También ha crecido la popularidad de la mandataria costarricense Laura Chinchilla, pese a que no ha cumplido su principal promesa de campaña: reducir la inseguridad.

La pugna ha estimulado expresiones nacionalistas y xenófobas en Costa Rica, país de 4,5 millones de habitantes donde vive más de medio millón de nicaragüenses.

“Este país está lleno de gente nicaragüense. El que cuida los carros (autos) es nicaragüense, nuestras empleadas domésticas son nicaragüenses. No podemos incitar a nacionalismos exacerbados peligrosos”, advirtió el jueves el ex candidato presidencial Oscar López.