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Familiares de ejecutados políticos presentan 403 querellas y piden exhumar los restos de Allende

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Familiares de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet interpusieron este viernes 403 querellas judiciales por casos de violaciones a los derechos humanos que no eran objeto de investigación, informó la Agrupación de Ejecutados Políticos.

Salvador Allende

Salvador Allende

“Hoy día estamos aquí realizando una acción de justicia, a los hombres, a las mujeres, niños y adolescentes que fueron asesinados y que aún no tienen ni verdad ni justicia”, dijo la presidenta de la Agrupación, Sonia Lira, en el palacio de Tribunales.

Las querellas, según explicó el abogado patrocinante Eduardo Contreras, involucran a 566 víctimas de la dictadura de Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

“Nada justifica que en todo este tiempo la Justicia no haya investigado estos crímenes de lesa humanidad”, agregó Lira.

Sin investigación judicial también estaba la muerte del ex presidente Salvador Allende, quien murió en medio del bombardeo al palacio presidencial el día del golpe de Pinochet y que su familia y su médico personal -que lo acompañaba- atribuyen a un suicidio.

El 27 de enero pasado, la Fiscalía judicial presentó también 725 querellas por víctimas de la dictadura que no eran objeto de investigación judicial e incluyó, por primera vez, al ex presidente Allende.

La investigación por la muerte de Allende está en manos del juez Mario Carroza, quien de acuerdo a fuentes judiciales, aguarda un informe que realiza el Servicio Médico legal sobre la autopsia que se le hizo al líder de la unidad popular el 12 de septiembre de 1973.

El juez Carroza citó además para la próxima semana a declarar como testigo al médico Patricio Gijón, quien vio el cuerpo inerte de Allende.

Las querellas fueron presentadas este viernes cuando se cumplen 20 años de la entrega del llamado Informe Rettig que cifró en 3.000 las víctimas de la dictadura.

Los tribunales mantienen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones que datan del período dictatorial, que involucran a unos 700 militares y agentes civiles.

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