Movilizaciones preparan los gremios de Gendarmería tras el descabezamiento de la institución por parte del Ministro de Justicia. Aseguran que el Gobierno avaló reparaciones a las redes contra incendios que nunca se realizaron.
Un plazo de 7 días entregó al ministro Felipe Bulnes y al director Nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, para que solucione sus demandas, los 4 gremios que agrupa a los funcionarios de la institución.
En conversación con La Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, Juan Alarcón, sostuvo que están muy molestos tras el descabezamiento de la institución por lo que consultarán a sus bases para iniciar movilizaciones.
Declaraciones que formuló tras la presentación de un documento que acredita que la actual administración del Gobierno avaló erróneamente reparaciones en las redes contra incendio en los penales de San Miguel y Colina por un costo de 50 millones de pesos, trabajos que finalmente nunca se realizaron. Así lo detalló el titular de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernández.
Molestia que responde a la decisión del Ministerio de Justicia de solicitar la renuncia a las 10 más altas antigüedades institucionales, desarticulando el alto mando.
En tanto, en lo propiamente judicial para mañana en el 11º Juzgado, a eso de las 9 horas está fijada la audiencia de petición de cautela de garantía de 3 imputados por el incendio de penal San Miguel que le costó la vida a 81 reos.
Se trata de los vigilantes que cumplían sus funciones laborales aquella jornada: José Poblete, Fernando Orrego y Francisco Riquelme.
El abogado, Juan Pablo Gómez, sostuvo que sus defendidos incluso han recibido incluso amenazas de muerte tras la filtración de sus nombres por parte de la fiscalía.
El abogado sostendrá en la audiencia que el aviso del siniestro fue oportuno, lo que ocurrió a eso de las 5:35 horas.
Gómez además sostuvo que a casi 3 meses los abogados defensores aún no han logrado tener acceso a las dependencias del penal de San Miguel, tras la prohibición de ingreso por parte de la fiscalía.
