Tres líderes indígenas denunciaron este martes en Londres el grave impacto social y medioambiental de las gigantescas hidroeléctricas que Brasil planea construir en la cuenca del Amazonas, que según ellos provocarán destrucción y desplazamientos de miles de personas.

“Estamos aquí para mostrar a la comunidad internacional que no nos escuchan y que el gobierno brasileño está violando seriamente nuestros derechos”, declaró Sheyla Yakarepi Juruna, representante de la tribu Juruna en el río Xingú, en el corazón del estado amazónico de Pará.

En esa zona está prevista la construcción de la represa de Belo Monte, que sería la tercera mayor del mundo pero cuya licencia fue suspendida la semana pasada por la justicia.

Sheyla Juruna, Almir Narayamoga Surui, jefe de la tribu Surui en la zona del río Madeira, en el estado norteño de Rondonia, y Ruth Buendía Mestoquiari, presidenta de la organización Central Ashaninka del río Ene, en Perú, culminan en esta capital una gira que ya les llevó a Oslo, Ginebra y París.

La gira de los líderes indígenas apunta a sensibilizar a los gobiernos europeos sobre la situación de sus comunidades y la necesidad de detener estos proyectos hidroeléctricos de un coste estimado en miles de millones de dólares.

Para acompañar su crecimiento e incrementar su seguridad energética, Brasil proyecta una serie de hidroeléctricas en la cuenca amazónica, como las de Santo Antonio y Jirau que están ya en construcción en Rondonia y firmó un acuerdo con su homólogo de Perú para construir al menos otras seis represas en ese país, incluida la de Paquitzapango en el territorio de los Ashaninka.

Pese a las promesas del gobierno sobre el bajo impacto de social y ecológico de sus proyectos, financiados principalmente por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y en los que participan también empresas europeas, los indígenas insisten en que “no son sostenibles” y que, además, violan sus derechos humanos, colectivos y a la autonomía.

Los proyectos, sobre los que los indígenas afirman no haber sido consultados, inundarán áreas enteras, secarán otras, lo que privará a estas comunidades de sus recursos básicos y les obligará a abandonar sus tierras ancestrales, y traerán otros problemas como pobreza, violencia y prostitución.

“La mayoría de los gobiernos latinoamericanos que firmaron el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas (que establece la obligación de consultar a las comunidades cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente) no lo respetan”, explicó Buendía.

“Ellos prefieren a las compañías petroleras, mineras e hidroeléctricas. Nos quieren sacar los últimos recursos que tenemos en los pueblos indígenas, sin respetar nuestros derechos”, agregó.

Los indígenas, cuya gira está auspiciada por una coalición de organizaciones encabezada por Rainforest Foundation UK, recibieron el respaldo de figuras de renombre internacional como el cantante Sting y la activista Bianca Jagger, ex modelo y actriz que estuvo casada con el vocalista de los Rolling Stones.

Jagger, nacida en Nicaragua, recordó este martes que las consecuencias de “estos viejos modelos de desarrollo que violan derechos humanos y cuyo único objetivo es económico” en el Amazonas, serán “irreversibles” y “no afectarán sólo a los indígenas sino al mundo entero” cuando se temen los efectos catastróficos del cambio climático.

Para el jefe Almir Surui, el mundo actual “tiene las inteligencia y los instrumentos para crear una conciencia desarrollo justo (…) para encontrar mejores alternativas de energía para todos”.

El miércoles, la delegación se manifestará con activistas británicos frente a las oficinas del BNDES, al que acusan de estar “directamente implicado en la destrucción de las poblaciones indígenas de la Amazonia”.