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Corte Interamericana revisa inhabilitación política de venezolano opositor a Chávez

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos inicia este martes una audiencia de dos días para revisar el caso del dirigente opositor venezolano Leopoldo López Mendoza, inhabilitado políticamente hasta 2017, quien espera que el tribunal condene esta medida y ordene revertirla.

El líder opositor fue inhabilitado por un ente administrativo, sin ser sometido a juicio, antes de las elecciones regionales y municipales de 2008, cuando era uno de los políticos más populares en Venezuela y un serio aspirante a la alcaldía metropolitana de Caracas.

La Corte, con sede en San José, escuchará el martes y miércoles las declaraciones de López, de un testigo y de cuatro peritos propuestos por su defensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado venezolano, informó el tribunal en su sitio web.

El tribunal debe decidir si hay “responsabilidad internacional (de Venezuela) por inhabilitar por vía administrativa al señor López Mendoza del ejercicio de la función pública en contravención con los estándares convencionales, prohibir su participación en las elecciones regionales del 2008, no haberle otorgado garantías judiciales y no brindarle una reparación adecuada”, agregó la Corte.

Economista de 39 años y ex alcalde del acomodado municipio caraqueño de Chacao, López fue inhabilitado para aspirar y ejercer cargos públicos, acusado de actos de corrupción que él niega y que afirma que obedecen a motivaciones políticas.

“Acá hay una violación de mis derechos políticos”, declaró recientemente López, durante un encuentro con corresponsales extranjeros en Caracas.

“La inhabilitación es posible sólo después de un juicio penal y yo nunca fui sometido a un juicio”, agregó el político, recordando que la medida la tomó la Contraloría, un ente encargado de fiscalizar la gestión pública.

“La inhabilitación es terrible sobre todo cuando tienes opciones”, agregó López, líder del movimiento político Voluntad Popular.

Si se mantiene la inhabilitación, López no tendrá ninguna opción de cara a 2012, cuando Venezuela celebrará elecciones presidenciales en las que el mandatario Hugo Chávez aspirará a un nuevo mandato de seis años.

Amparándose en el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que resguarda los derechos políticos, López presentó en 2008 su caso ante la CIDH, con sede en Washington, la que un año después demandó al Estado venezolano ante la Corte Interamericana.

López ha expresado que si la Corte falla en su favor, “el gobierno tiene que acatar” la sentencia y levantar la inhabilitación, pues de lo contrario “Venezuela se pondría al margen del sistema interamericano”.

Según López, hay actualmente unas 400 personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos en Venezuela, de las cuales sólo un 20% son oficialistas.

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