Secuestros, extorsión, crímenes por encargo y robos de vehículos son delitos comunes en Zulia, Estado del oeste venezolano fronterizo con Colombia, donde gobierno y oposición intentan salvar sus diferencias para resolver juntos la mayor angustia de los ciudadanos.

“Los crímenes están bajando poco a poco pero tenemos un grave problema en la frontera. Aquello es un mundo: secuestros, contrabando, tráfico de drogas y de vehículos…”, admitió el gobernador opositor del Estado, Pablo Pérez, en una entrevista con la AFP.

Zulia, una de las regiones más prósperas del país y tradicionalmente opositora al presidente Hugo Chávez, no escapa a la preocupante inseguridad que castiga a Venezuela, donde en 2010 se registraron 17.600 asesinatos según cifras extraoficiales.

En un país donde las divisiones políticas son normalmente insalvables, este Estado apuesta por una inédita cooperación entre chavistas y opositores para reducir el crimen.

En 2010, el gobierno regional se unió a un plan nacional contra la inseguridad lanzado por Chávez bajo el nombre Bicentenario. El propio ministro de Interior, Tareck El Aissami, reconoció el pasado domingo que Pérez le manifestó su disposición a trabajar con el gobierno “y lo ha hecho”.

Uno de los retos ahora es la coordinación entre la policía a las órdenes de Pérez, que suma unos 4.800 agentes, y las fuerzas de seguridad a las órdenes del gobierno central, que réunen a unos 20.000 efectivos.

“Las policías deben estar compenetradas, deben articularse para que los esfuerzos no se pierdan”, insistió la secretaria de Seguridad del Estado, Odalys Caldera.

Según los responsables, la complicada distribución de competencias entre las autoridades nacionales y regionales tampoco simplifica la tarea.

“La frontera la guarda la Fuerza Armada nacional. Nosotros no podemos llegar hasta allá. En el país siguen entrando drogas, armas de fuego e indocumentados. Deben desplegarse estrategias contundentes para evitarlo, hay que extremar los controles”, declaró Caldera, quien admite que existe desde hace meses un mayor intercambio de información con el ministerio de Interior sobre la zona limítrofe con Colombia.

“Calculamos que en 2010 bajó 25% la comisión de diferentes delitos en Zulia: robo de vehículos, homicidios, extorsiones (….) Creo que estamos rescatando la seguridad en el Estado”, se felicitó la responsable.

Sin embargo las cifras globales sobre inseguridad son un misterio incluso para Caldera, quien maneja únicamente números parciales recogidos por sus funcionarios, debido a que el gobierno central no suministra estadísticas nacionales desde hace varios años.

En las calles de Maracaibo, segunda ciudad del país y capital del Estado, los ciudadanos parecen no ver ningún resultado positivo, se quejan de la falta de presencia policial y al igual que ocurre en otras grandes ciudades venezolanas sólo aspiran a llevar una vida normal.

“Cuando se comete un robo, uno mira para todos los lados y nunca hay policías. La situación está mal, muy mal. Tengo miedo cuando voy a trabajar. Sé cuándo salgo de mi casa pero uno no sabe cuándo va a regresar”, explicó Francisco Rincón, comerciante en el centro de Maracaibo.

“Me dispararon en la pierna cuando me intentaron atracar. Cada día hay más secuestros, más violencia. La única manera de vivir mejor es que me toque la lotería para irme”, asegura Andy Rojas, estudiante.

Conscientes de sus medios de actuación limitados, las autoridades de Zulia intentan centrarse en la prevención de delitos, sobre todo la extorsión, que bate récords en el Estado. Sólo en 2010 pudieron abortarse 500 delitos de este tipo.

En este momento, en Maracaibo hay instaladas 93 cámaras y se colocarán otras 80 en breve. Además, 18.000 vehículos privados, taxis y autobuses cuentan ya con un GPS que permite localizarlos en cualquier momento.

“El objetivo es la disuasión del delito. Además, queremos que la gente pierda el miedo a denunciar y vea frutos cuando confía en las fuerzas de seguridad”, resumió Merlin Rodríguez, director del número de emergencias 171 en Maracaibo.