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Gobierno de Ecuador descarta anticipar comicios por crisis en oficialismo

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El gobierno de Ecuador descartó este domingo un anticipo de elecciones generales, tras la renuncia de diputados oficialistas y funcionarios que se oponen a un referendo para reformar la justicia.

“Creo que en este momento no. Estamos como un bloque unificado, que entiende la relevancia política de esta consulta popular”, dijo la ministra de la Política, Doris Solís, al portal informativo de la presidencia, que la interrogó sobre un posible adelanto de los comicios a raíz las deserciones.

La ministra añadió que en la bancada del movimiento socialista Alianza País (AP) hay consenso sobre la necesidad de “ir con el pueblo a dar este paso trascendental, de transformar la justicia y una serie de mecanismos para construir una mejor institucionalidad”.

Tres congresistas y dos secretarios de Estado (con funciones de ministros) se separaron la semana pasada del gobierno por oponerse a la propuesta del presidente Rafael Correa de reestructurar la justicia vía referendo.

Esos funcionarios aseguraron que el mandatario se está extralimitando en sus funciones al pretender modificar aspectos fundamentales de la Constitución vigente desde 2008.

Analistas políticos como Hernán Reyes -de la Universidad Andina Simón Bolívar- y Alexei Páez -de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales- señalaron el pasado viernes a la AFP que el resquebrajamiento de la mayoría oficialista en el Congreso avizora un escenario de “muerte cruzada”.

Ambos aludían a un mecanismo constitucional que faculta al presidente para disolver el Congreso y llamar a elecciones generales anticipadas, en caso de que el titular del Ejecutivo considere que los legisladores obstruyen el plan de desarrollo o en los casos de grave crisis política o de conmoción interna.

El 17 de enero, Correa entregó a la Corte Constitucional diez preguntas para someterlas a referendo, entre las cuales se plantea suspender por 18 meses el Consejo de la Judicatura (organismo que regula el sector) y reemplazarlo por una comisión provisional, con participación del gobierno.

El comité debería reestructurar el sistema judicial y “evaluar y sancionar a jueces corruptos”, a los que Correa culpa del aumento de la inseguridad.

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