La diputada Adriana Muñoz (PPD) denunció que no se está respetando la continuidad laboral en los contratos de prestación de servicios de las manipuladoras de alimentos de los establecimientos escolares y pre-escolares, faltando por completo a la ley.
Por esto, presentó una serie de antecedentes que respaldan la ilegalidad del Estado como empleador y le solicitó al subsecretario de Hacienda, Rodrigo Álvarez, que destine recursos permanentes para financiar la Ley 20.238 y así hacer respetar la continuidad laboral.
“Lo que hoy día está ocurriendo burla una Ley de la República que mandata poner fin a la discriminación que por años viven las manipuladoras de alimentos. Mujeres que al ser contratadas sólo por 10 meses en el año, trabajan en una total precariedad de condiciones y derechos laborales”, afirmó la legisladora.
Asimismo, explicó que la Ley 20.238 estableció en el 2008 que los contratos de las manipuladoras deben ser por 12 meses, debiendo incluir enero y febrero, que antes no se pagaban.
“Un ejemplo de esta situación es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en las comunas de Illapel y Canela (…) En Illapel se logró el pago de enero y febrero de 2010, haciendo valer el protocolo que acompañó la Ley de Presupuesto con recursos asignados para estos fines, a través del Ministerio de Educación, lamentablemente este beneficio no se logró en Canela”, detalló.
Para Muñoz, lo más grave de la situación, es la incertidumbre en que se encuentran las trabajadoras, “incluso hay información de que existen casos similares en diversos lugares del país, que además se han extendido a las Manipuladoras del sistema Junaeb”.
