Varias ONG campesinas, sociales y grupos indígenas repudiaron el jueves la decisión del gobierno brasileño de autorizar la instalación de la infraestructura para construir una represa en el corazón de la Amazonia local y garantizaron que seguirán luchando contra el proyecto.
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Según el comunicado del movimiento “Xingú vivo para siempre”, firmado por más de 60 grupos, asociaciones y varias ONG básicamente del estado de Pará (norte), donde se realizará la obra, este permiso “es el primer gran crimen de responsabilidad del gobierno federal en este año que acaba de comenzar”.
La reacción surge un día después de que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) anunciara la autorización para instalar la “infraestructura necesaria” para las obras principales de construcción de la hidroeléctrica Belo Monte, en el interior de Pará y sobre el río amazónico Xingú, a 40 Km de la ciudad de Altamira.
Esa decisión “permite la construcción de los canteros pioneros y campamentos” y además “autorizó la supresión de vegetación de 238 hectáreas”, preparando el área de trabajo preliminar de las obras de la usina.
“Denunciamos la liberación de Belo Monte como un acto dictatorial de la peor especie”, resaltó la nota del movimiento Xingú.
Entre los que adhieren al rechazo de la decisión del Ibama, están secciones locales de la Vía Campesina, de la regional amazónica de la Asociación Brasileña de ONGs (ABONG), la religiosa Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y Asociaciones de Pueblos indígenas de tribus como los Juruna, Arara y grupos ecologistas, de izquierda y de derechos humanos.
“Anunciamos que vamos a continuar enfrentando este proyecto con todas nuestras fuerzas. Tenemos la ley de nuestro lado y crece de manera vertiginosa el apoyo de miles de brasileños y ciudadanos concientes de todo el mundo a nuestra causa”, agregó la nota.
También se pronunció el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) -vinculado a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB)-, que manifestó “repudio e indignación” por esa licencia y dijo que así el gobierno “atropella la legislación” vigente.
Las comunidades locales e indígenas se oponen a la obra alegando perjuicios ambientales, culturales y sociales y que dejaría unos 16.000 desplazados. A su causa se sumaron figuras como el director estadounidense de cine James Cameron (“Avatar”) o el cantante británico Sting.
En agosto de 2010 el entonces presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, había firmado la concesión pública para construir la polémica represa y ahora el gobierno de su sucesora, Dilma Rousseff, aprobó las obras previas.
El gobierno detenta por ahora 49,98% de participación en el consorcio constructor.
Con 11.200 MW de potencia (cerca de 11% de la capacidad instalada del país) y un costo de 11.000 millones de dólares, la represa sería la tercera mayor del mundo, atrás de Tres Gargantas en China e Itaipú en la frontera de Brasil y Paraguay.
