Considerando el aumento de matrículas de estudiantes con menores ingresos, los senadores Antonio Horvath, Francisco Chahuán y Baldo Prokurica presentaron una moción que pretende prohibir a las instituciones de educación superior impedir que los alumnos con problemas económicos no puedan rendir sus exámenes.
Educación Superior
La iniciativa que será analizada por la Comisión de Educación del Senado prohíbe a los Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades, el inhabilitar a sus estudiantes para rendir pruebas o exámenes por no haber cancelado el arancel mensual establecido al momento de matricularse.
Según los autores de la moción “es deber del Estado asegurar el acceso a instituciones de educación superior en igualdad de condiciones”.
Sin embargo, los alumnos con dificultades económicas de universidades privadas, están más expuestos a la deserción, ya que enfrentan aranceles que son más altos, en general, y disponen de menor acceso a becas y créditos.
Asimismo, sostuvieron que “ante disminuciones en el ingreso familiar, debido a cualquier razón que disminuya abruptamente sus niveles de ingreso, algunos estudiantes optarían por desertar de la educación superior, para ingresar a la fuerza de trabajo y contribuir a financiar su mantención”.
De acuerdo a estudios del Departamento de Economía de la Universidad de Chile “en las universidades tradicionales aproximadamente un 43% de los estudiantes pertenece a los 3 primeros quintiles de ingresos”.
“Es por esta razón que, en cuanto al rendimiento académico que presentan los alumnos con ingresos familiares bajos, se refleja una mayor cantidad de problemas relacionados con la permanencia y continuidad en las carreras seleccionadas por éstos, aun cuando la Casa de Estudios escogida considere algún tipo de beneficio interno para sus alumnos con menores recursos”, explicaron los legisladores.
No obstante, aclararon que “existen instituciones de educación superior entre las cuales se encuentran Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y Universidades que en sus reglamentos internos inhabilitan a sus alumnos prohibiéndoles rendir exámenes y pruebas por el hecho de no estar al día en el pago de aranceles establecidos al momento de matricularse”.
A juicio de los parlamentarios esta situación debe “corregirse dado que es una de las causales principales de deserción de la educación superior”.
