Con arraigo nacional quedaron otros dos involucrados en el millonario fraude que afectó a la Intendencia de Valparaíso, en la pasada gestión del Gobierno Regional.
Parlamentarios de la UDI destacaron la determinación de la justicia, mientras que el intendente Raúl Celis manifestó que aún está pendiente esclarecer dónde fueron a parar estos dineros.
Gabriel Aldana, ex jefe de la División de Administración y Finanzas del Gobierno Regional, y Sara Peñaloza, actual jefa administrativa de la misma entidad, fueron formalizados por el delito de malversación culposa por negligencia inexcusable.
Esto, porque según la investigación, firmaron 15 cheques sin revisar la documentación exigida, lo que permitió el desvío de más de 900 millones de pesos de fondos del Gobierno Regional de Valparaíso.
Después de la audiencia en el Tribunal de Garantía porteño, Gabriel Aldana, acusado de firmar 8 cheques por más de 480 millones de pesos, negó su responsabilidad en el fraude.
Pero, el fiscal del caso Rodrigo Yánez comentó que ambos imputados tienen responsabilidades administrativas.
El defensor público Claudio Pérez, representante de Peñaloza, inculpada por firmar 7 cheques por más de 430 millones de pesos, precisó que ambos imputados fueron víctimas de un engaño de parte de los ex funcionarios del Gobierno Regional Lorenzo Leiva y Jaime Lorca, formalizados en el mismo caso por fraude al fisco.
En el plano político, el diputado de la UDI Edmundo Eluchans dijo que estas formalizaciones concuerdan con lo que estableció la Comisión Investigadora del Gobierno Regional de Valparaíso.
Mientras que desde la Intendencia de Valparaíso, el jefe regional Raúl Celis mencionó que esperan otras formalizaciones y que todavía está pendiente conocer dónde fueron a parar los dineros defraudados.
Gabriel Aldana y Sara Peñaloza quedaron con arraigo nacional. Ellos arriesgan una pena menor de suspensión de su cargo público, que en el caso de Aldana sería sólo nominal, porque actualmente no ejerce este tipo de funciones.
Recordemos que el caso fraude suma 8 imputados formalizados. Entre ellos, Jaime Lorca, Lorenzo Leiva y Julio Medina, quienes también tienen prohibición de salir del país, además deben firmar semanalmente en el Ministerio Público y no pueden comunicarse con el resto de los involucrados.
