Como una incapacidad definió el ex ministro de obras públicas Eduardo Bitrán, el marco jurídico actual para regular el porcentaje de venta estatal en las sanitarias, regulación que no permite evitar el aprovechamiento del poder de mercado.

Como una rentabilidad tres veces mayor de lo que establece la norma regulatoria, Bitrán afirmó que el proceso de privatización ocurrido en el pasado fue efectivo en el mejoramiento de un servicio, pero no en transferir a los consumidores en tarifas estos cambios en la productividad.

Bitrán aconseja no vender las acciones restantes del Estado en las sanitarias, enfatizando que la regulación pendiente debiese paneles de expertos para dirigir el proceso de tarifas, asegurando que el Estado tiene que proteger a los usuarios a través de esta regulación.