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Corte Suprema de California debe pronunciarse sobre apelación a bodas gay

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Una Corte de Apelaciones Federal pidió a la Corte Suprema de California que se pronuncie sobre un paso técnico legal que intentan jugarse los adversarios al matrimonio homosexual para pasar por encima de las autoridades del Estado.

Los opositores a los matrimonios de parejas del mismo sexo buscan que se les autorice sustituir a las autoridades del estado de California para apelar una decisión de la justicia que legalizó en agosto las bodas gay.

En agosto pasado, el juez federal Vaughn Walker estimó que la prohibición al matrimonio gay en California, aprobada por un referéndum en 2008, era “inconstitucional” y anuló así la Proposición 8, como se conoce a la iniciativa impulsada por grupos conservadores que estiman que el matrimonio debe ser exclusivo entre un hombre y una mujer.

Los creadores de la “Prop 8″ apelaron de inmediato el fallo del juez ante la Corte del Noveno Distrito en San Francisco.

Pero ni el entonces gobernador de California Arnold Schwarzenegger, ni el entonces fiscal general, Jerry Brown apelaron la decisión del juez Walker, aún cuando estaban facultados para hacerlo como representantes del estado.

La Corte de Apelaciones se pregunta ahora si los defensores de la Proposición 8 tienen legalmente el derecho de reemplazar a las autoridades para apelar y pidió a la Corte Suprema de California que se pronuncie sobre este punto específico.

“Nosotros no podemos considerar este relevante asunto constitucional (el matrimonio gay) si los demandantes no tienen derecho a apelar”, recalcó la Corte Federal en un resumen de su decisión.

Esta corte calificó de “crucial” tener la opinión de la Corte Suprema local sobre el alcance de los derechos de los defensores de la Proposición 8 para defender el texto aprobado por voto popular pero que limita los derechos de una comunidad de la sociedad.

La pregunta es si estos adversarios pueden defender la constitucionalidad de su pelea contra las bodas homosexuales “cuando las autoridades del estado encargadas de la aplicación de la ley, especialmente el fiscal general, se negaron a apelar al declarar esta ley anticonstitucional”, agregó.

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