El Gobierno descartó ilegalidad en el pago de las viviendas de emergencia, luego de darse a conocer el Informe de Contraloría que denuncia el sobreprecio de las casas y en donde se llegó a cancelar más de 800 mil pesos por una mediagua.
Rodrigo Ubilla
Una bomba que prácticamente le estalló en las manos al Gobierno fue el informe de la Contraloría General de la República, a raíz de los gastos hechos para enmendar la situación de vivienda de los damnificados luego del terremoto del pasado 27 de febrero.
En el documento –dado a conocer por el portal El Mostrador- se consigna que el Ejecutivo pagó un sobreprecio de casi 100% más para conseguir dichas viviendas, y la entrega de trabajo a proveedores que no se encuentran en el sistema.
Hecho que traspasa los límites de la ley, que sólo estipula hasta los 480 mil pesos para estas construcciones, y en donde se habría llegado a pagar 820 mil pesos por cada casa.
Así, la vocera de Gobierno, Ena Von Baer, descartó tajantemente que exista una ilegalidad en el pago del sobreprecio.
Von Baer agregó que La Moneda entregará nueva información a la Contraloría, que despejará las dudas que se ciernen sobre esta investigación, con lo que el tema se aclarará prontamente.
Por su parte, el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Ubilla, descartó que el pago de sobreprecios en viviendas de emergencia, se trate de un caso de corrupción.
Ubilla acusó que personeros de la oposición están haciendo uso político del caso respecto de la información dada a conocer, y agregó que el Gobierno entregará a la Contraloría los antecedentes que desmienten las irregularidades en el pago de las viviendas de emergencia.
