El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pidió el sábado a miles de ex paramilitares y ex guerrilleros abstenerse de retomar las armas, tras un fallo judicial que dejó sin efecto los beneficios jurídicos ofrecidos por el gobierno a los ex combatientes desmovilizados.

“Sabemos que hay una cantidad de gente diciendo: ‘el Estado les falló (a los desmovilizados), vénganse otra vez a las bandas criminales a delinquir. No vayan a cometer ese error”, señaló Santos en un acto de gobierno en Cartagena (norte).

Tras su declaración, el Ejército informó de la muerte en combate en la localidad de Yalí (noroeste) de dos supuestos miembros de una banda narcotraficante integrada por ex paramilitares que no se acogieron al plan oficial de desmovilización.

El gobierno estima que unos 30.000 ex combatientes, entre los cuales unos 19.000 ex paramilitares de extrema derecha, tienen “dudas” sobre su futuro tras un reciente fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto los beneficios jurídicos ofrecidos por las autoridades para facilitar su desmovilización.

“El mensaje que quiero darle a un poco más de 30.000 colombianos que están en la duda, porque están en un limbo jurídico, es que no se preocupen. El gobierno les va a cumplir. El Estado les hizo una promesa y yo me comprometo a que se cumpla”, enfatizó Santos.

Añadió que dio instrucciones al ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, para que convoque al Consejo Superior de Política Criminal y dialogue con el Congreso a fin de buscar soluciones.

El fallo, emitido el martes pasado, generó inquietud en la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoya los esfuerzos de paz en Colombia, ante la posibilidad de que los ex combatientes vuelvan a la ilegalidad.

La Corte determinó que el llamado ‘beneficio de oportunidad’ que permitía a los desmovilizados reinsertarse a la sociedad sin ser procesados por integrar los grupos armados -siempre que no estuvieran sindicados de delitos de lesa humanidad- viola los principios de verdad, justicia y reparación a las víctimas.

La decisión afecta a miles de ex paramilitares desmovilizados colectivamente después de 2005 bajo el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010).

El fallo se produjo en un contexto de una creciente ola criminal urbana y rural debido a las acciones atribuidas a bandas narcotraficantes integradas en parte por ex paramilitares que no se acogieron al plan de Uribe, como la que se enfrentó el sábado con el Ejército en Yalí (480 km al noroeste de Bogotá).