El diputado demócrata cristiano Gabriel Silber criticó este viernes a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas por apresurarse a anunciar la entrega de 12 millones de dólares para mejorar los estándares de seguridad de la Autopista del Sol -en lugar de que tales recursos sean aportados por la firma privada que administra la ruta- y por no seguir la actitud del Ministerio Público de investigar la responsabilidad de la concesionaria en el grave accidente de un bus y un camión en la ruta Santiago-San Antonio y que dejó como trágico saldo la muerte de 20 personas.
Camara.cl
El parlamentario DC señaló que la concesionaria de la Autopista del Sol -la multinacional española OHL- registra varias sentencias condenatorias en la justicia chilena por su responsabilidad en accidentes viales con resultados fatales, a la vez que hizo presente los conflictos de interés que exhiben en esta materia algunas autoridades del MOP, como el actual coordinador de concesiones y la subsecretaria, quienes antes de llegar al Gobierno trabajaron en la asociación que agrupa a las empresas concesionarias de obras de infraestructura pública (Copsa).
El diputado Silber se refirió a este tema en una conferencia de prensa que ofreció en la sede de la Cámara de Diputados, en Santiago, junto a Guillermo Rivera, dirigente de la agrupación Automovilistas Unidos de Chile; Juan González, concejal DC por la comuna de Melipilla; y Esteban Villouta, quien sufrió un accidente hace casi dos años en la Autopista del Sol cuando se atravesó una jauría de perros en la carretera, dejándolo con secuelas como pérdida de visión de un ojo e inmovilidad de su brazo izquierdo.
“Existen antecedentes judiciales en la historia de esta autopista sobre otros accidentes con resultados fatales ocasionados por omisión y responsabilidad de la concesionaria. Hay sentencias de condena a la autopista donde se señala claramente su omisión respecto a condiciones de seguridad como mantener cercos adecuados para evitar que animales o personas transiten por la ruta, o el cumplimiento de ciertos estándares de calidad”, señaló el parlamentario.
“Hemos visto bastante proactividad del Ministerio Público en la investigación de la eventual responsabilidad de la concesionaria respecto a las condiciones de seguridad con que presta sus servicios y por la cual los usuarios pagan peaje. Hubiésemos esperado la misma actitud de las autoridades de Obras Públicas pero en lugar de ello vemos que, el día después del accidente, el MOP “premia” con 12 millones de dólares a la concesionaria para elevar los estándares viales de la autopista”, agregó.
El diputado Silber dijo que “aquí ha habido una defensa corporativa a objeto de querer encubrir la eventual responsabilidad de la autopista” y al respecto manifestó tener “legítimas dudas en relación a conflictos de interés”.
Precisó en este sentido que “no es sano que el actual coordinador de concesiones se haya desempeñado anteriormente como vicepresidente de COPSA (Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública), lo mismo la subsecretaria de Obras Públicas, quien fue abogada de dicha entidad”.
“Necesitamos claridad, transparencia, que el Ministerio de Obras Públicas se ponga la camiseta de los usuarios y asuma efectivamente la defensa de ellos en lugar de anunciar una acción intempestiva que beneficia a la autopista con una cuantiosa inversión con plata de todos los chilenos”, subrayó el parlamentario.
El concejal Juan González afirmó que muchos melipillanos viajan diariamente a Santiago por la Autopista del Sol y se ven expuestos a graves riesgos por la falta de estándares de seguridad de dicha ruta, a la que denominó “la autopista de la muerte”. Dijo que han presentado querellas criminales contra la concesionaria por algunos accidentes con graves secuelas pero no han recibido ningún respaldo de las autoridades.
En tanto, Esteban Villouta relató que hace casi dos años sufrió un accidente cuando se le cruzó una jauría de perros en la carretera -lo que le provocó pérdida de visión de un ojo y la inmovilidad de su brazo izquierdo- y nunca recibió ningún tipo de apoyo de parte de la concesionaria. “Aquí se está premiando a un poder económico regalándole 12 millones de dólares y los usuarios no hemos sido escuchados”, expresó.
Finalmente, Guillermo Rivera, de la agrupación Automovilistas Unidos de Chile, llamó a las autoridades a no entregar recursos públicos a la concesionaria para las mejoras en la autopista.
“Esto no le compete al Estado sino a la misma concesionaria, porque ellos lucran con los peajes. La autopista es la que debe invertir porque si no los ciudadanos estaríamos pagando un doble tributo”, indicó.
