Una Corte de Apelaciones de California (oeste) permitió el miércoles mantener vigente temporalmente la ley que prohíbe a los militares homosexuales admitir públicamente su orientación sexual a la hora de servir en las Fuerzas Armadas, y que había sido suspendida por un fallo en este mismo estado.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones suspendió un fallo ordenado por una corta de menor instancia, que impedía a las Fuerzas Armadas estadounidense continuar aplicando su política conocida como “Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT, “No preguntes, No digas”). sobre la orientación sexual de sus efectivos.
Una jueza federal decidió la semana pasada poner fin a esa prohibición, rechazando los argumentos de quienes la defienden como garante de la cohesión y eficacia de las Fuerzas Armadas, especialmente en tiempos de guerra.
Tras la decisión de la jueza, el Pentágono anunció el martes que comenzaría a aceptar postulaciones de homosexuales, pero advirtió a los posibles nuevos reclutas que la medida todavía podía ser revertida.
Los abogados del grupo republicano Log Cabin, demandantes en el caso, tienen hasta el 25 de octubre para apelar la aplicación temporal de la ley en esta misma instancia de California.
“Aunque estamos decepcionados con el fallo del tribunal por la concesión temporal, consideramos que la decisión no es más que un revés menor”, dijo Dan Woods, el abogado principal de los republicanos.
El gobierno estadounidense insistió el miércoles que le corresponde al Congreso revocar la prohibición de que los militares homosexuales refieran abiertamente su condición y lanzó una apelación para demorar el levantamiento de la norma por la justicia.
Se trató del segundo intento de la administración norteamericana para anular esta decisión de una jueza federal de California del 12 de octubre.
La jueza de distrito Virginia Phillips rechazó el martes conceder al Departamento de Justicia el levantamiento de la orden judicial contra la prohibición.
Esta polémica trajo el tema de los derechos de los homosexuales a la arena de la campaña electoral por las legislativas del 2 de noviembre.
El presidente Barack Obama se mostró partidario de suprimir la controvertida ley, pero la Casa Blanca preconiza hacerlo a través de las cámaras, abrogando el texto, y no por el camino judicial.
